España propone desregular la ruta de cable submarino que une la Península con Canarias

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española (CNMC) ha lanzado una consulta pública en la que propone desregular la ruta Península – Canarias, ya que el operador de cable submarino alternativo a Telefónica (Canalink), se ha consolidado, pasando a ser el operador el operador con mayor cuota en el mercado mayorista negociado comercialmente

La entrada de Canalink ha provocado de hecho una reducción considerable de precios en las capacidades manejadas en estas rutas. Así, la CNMC propone eliminar las obligaciones existentes en el plazo de 2 meses desde la aprobación del mercado, señala un comunicado.

Por otra parte, la CNMC propone mantener la regulación para las 9 rutas submarinas que conectan las islas menores de los archipiélagos balear y canario, así como las rutas submarinas que conectan Ceuta y Melilla con la península.

En esas rutas, el único medio que tienen los operadores alternativos para prestar servicios de forma directa en los territorios insulares es a través de los cables submarinos de Telefónica, ya que el uso de tecnologías como el satélite no sustituye de forma fiable la transmisión por fibra óptica. Esta dependencia convierte al cable submarino en un “cuello de botella” que puede afectar negativamente al desarrollo de la competencia en los territorios que conectan.

Para facilitar que en estos territorios se pueda disfrutar de la misma variedad de ofertas de servicios de telecomunicaciones que en la Península, se obliga a Telefónica, por ejemplo, a alquilar sus sistemas de cable submarino en estas rutas a precios regulados por la CNMC.

Actualmente, la cuota de mercado de Telefónica en las islas de los archipiélagos balear y canario es significativamente más elevada que en la Península (aparte del nivel de competencia y precios en la ruta troncal correspondiente, puede haber otros factores que influyan en esta menor cuota, como es la orografía o la dispersión geográfica de los hogares).

Las obligaciones propuestas para las 9 rutas reguladas son acceso, no discriminación, transparencia y orientación a costes, que ya estaban impuestas en la ronda anterior.

Los interesados ahora disponen de 20 días hábiles para presentar sus comentarios a la consulta pública. Tras analizar los comentarios recibidos, la CNMC ha señalado que aprobará un proyecto de medida que se remitirá a la Comisión Europea,  así como al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

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