Por Nicolás Lucas
La intrincada historia de la operadora Telecomunicaciones de Guatemala o Telgua comenzó a escribir otro capítulo el viernes 14 de julio. El relato no sólo revive el recuerdo de su polémica privatización de 1998; ahora agrega que la pronunciación de su nombre, como los de otras compañías, en un reciente caso de corrupción ha desvelado actos de tráfico de influencias, coimas a cambio de contratos de obra o favoritismos ante otros actores de la industria y sobre todo, la marcada cercanía que existe entre las empresas de telecomunicación con los órganos de poder.
La implicación del nombre Telgua en un caso de aportaciones indebidas de dinero es apenas una nota al pie de toda una novela de historias de corrupción en las que se han visto envueltos empresas, partidos políticos y funcionarios de distintas administraciones que han gobernado Guatemala en los últimos años, que además tienen nexos con los casos brasileños Odebrecht y OAS, y por lo que, de paso sea dicho, sus nombres han aparecido bien documentados en los llamados “Panama Papers” y en los despachos de los reguladores telecom y financieros de Estados Unidos y Suecia.
Es la trama guatemalteca, que aunque hace de Telgua un actor de reparto, puede terminar comprometiendo algo más que la imagen de su controladora América Móvil y eso que el pretexto que da vida a todo este cuento tiene su origen en un litigio comercial valuado en 400 millones de dólares y de hace 19 años contra el competidor Tigo, cuando AMX ni siquiera era el dueño de Telgua.
Guatemala, un país que por su tamaño de mercado no representa ni un décimo de lo que significa México para América Móvil en todos los rubros de negocio del sector telecom.
El viernes 14 de julio del 2017, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Cicig, y el Ministerio Público de ese país determinaron que Telecomunicaciones de Guatemala dirigió 15 millones de quetzales, dos millones de dólares al tipo de cambio, a un financiamiento electoral considerado hoy como ilegal a favor del Partido Patriota (PP) en 2011, con el propósito de que si esa fuerza política llegaba al poder, trabajaría porque Telgua y Tigo finiquitaran una disputa legal que los tenía enfrentados desde 1998.
Toda esa información la reveló el hoy ex gerente de Telgua, Julio Carlos Porras Zadik, a la Cicig, a cambio de quedar conmutado de una pena de tres años de prisión a la que había sido sentenciado el 29 de junio de 2016, pero con el cumplimiento sí de la construcción de dos salas de videoconferencias bien equipadas para el Ministerio Público y el pago además de una multa de 500,000 quetzales, equivalentes a 1 millón 200,000 pesos mexicanos.
Porras Zadik confesó que el orquestador del financiamiento a las campañas electorales del PP las fraguó en 2011 quien pronto sería el embajador de Guatemala ante Washington, Julio Ligorría, con el argumento de que Otto Pérez Molina -también acusado y encarcelado de manera preventiva por casos de corrupción- junto con el PP eran los punteros en las encuestas y tenerlos del lado de Telgua enviaría un claro mensaje a Tigo de a quién le tocaba ahora el turno de estar más próximo al poder. Tigo, además, habría venido teniendo el favor del gobierno en turno del presidente Álvaro Colom, pues Telgua sólo sufría reveses en sus querellas por este caso en particular, según palabras del propio Porras Zadik.
Quince millones de quetzales fue lo que pidió Ligorría a Telgua a cambio de neutralizar a Tigo, empresa que por su parte ya había realizado aportaciones a las campañas del Partido Patriota. Tigo no se ha pronunciado oficialmente sobre este tema que ha sido el escándalo en las noticias de Guatemala durante los últimos días.
Julio Ligorría se encuentra ahora con paradero desconocido y sobre él pesa una orden de captura, pero antes de esas situaciones ordenó a Julio Carlos Porras Zadik a autorizar a Telgua a firmar 12 cheques y 20 facturas a favor de seis empresas fantasma o fachada que resultaron tener cercanía con el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien después fue candidato presidencial en las elecciones del 2015 y con ubicación perdida para la policía de Guatemala desde junio del 2016. Sinibaldi renunciaría a su candidatura en medio de un escándalo de corrupción que salpicaba a sus colegas y fundadores de partido, pero según él su desistimiento obedeció a un boicot originado en el seno del PP.
Ligorría además habría maniobrado para lograr una reunión de alto nivel en México entre Otto Pérez Molina y la próxima vicepresidenta Roxana Baldetti con los jefes de América Móvil, y las imágenes resultantes de esa ocasión las repartió después a la prensa guatemalteca para que Tigo conociera quién era el nuevo favorito del gobierno. Otto Pérez Molina aceptó hace poco que sí hubo tal reunión, pero aseguró que en la misma nunca se tocó el tema Tigo-Telgua.
Si el tema fue platicado o no en aquella reunión, las postales de la misma sí tuvieron un efecto atemorizador en Tigo, que un mes después finiquitó con Telgua las diferencias que arrastraba desde 1998.
«De esta forma se evidencia cómo las relaciones del poder político y empresarial se influyen y se utilizan mutuamente para el desarrollo de prácticas de competencia comercial malsana para la perversión de los modelos democráticos de elección de funcionarios y de ejercicio de poder del gobierno», declaró ese viernes 14 de julio el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez.
El caso Telgua-PP se conoció luego de que la Cicig y el MP de Guatemala siguieran la pista de unos documentos hallados durante un cateo a propiedades del prófugo Alejandro Sinibaldi, quien en el mejor momento de su carrera fue el segundo en las preferencias electorales para ocupar la presidencia guatemalteca. El electorado aplaudía su desempeño en la construcción y mantenimiento de más de 5,000 kilómetros de carreteras, pero entonces no conocía toda la historia.
Gracias al hallazgo, la Cicig citó al ex gerente de Telgua, que terminó por colaborar con la autoridad. Porras Zadik explicó entonces que las coimas solicitadas por Sinibaldi, el aclamado por los guatemaltecos más desprotegidos, tenían que ser “al menos” iguales a las que Tigo había entregado y que la aportación de Telgua debía canalizarse, a través de cheques y facturas, a las empresas Inversiones ASA, Arqo Outsourcing de Centroamérica, Impresos Urbanos y Seguridad ASA, principalmente, en las que figuraban también familiares de Alejandro Sinibaldi Aparicio, aunque el dinero sirvió para financiar al Partido Patriota en la primera y segunda vueltas electorales de la elección de ese 2011.
Las aportaciones pasaron a ser ilegales debido a que tampoco fueron reportadas al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), como marca la legislación local en la materia.
Julio Carlos Porras Zadik aceptó meter a Telgua al plan del PP, Alejandro Sinibaldi y de Julio Ligorría, debido a que en distintas ocasiones querellantes Tigo salía favorecido por los tribunales, por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) y por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), todos bajo bandera de la agrupación política Unión Nacional de la Esperanza (UNE) que entonces despachaba en la Presidencia de Guatemala con Álvaro Colom al frente, reportan distintas notas periodísticas de La Prensa Libre, Soy 502 y Nómada.
Porras Zadik esperaba evitar con la asesoría de Julio Ligorría que México y Guatemala se fueran pronto a un juicio de arbitraje en una corte internacional por el caso Telgua-Tigo.
La prensa guatemalteca cuenta además a El Economista que el jefe de Tigo, el empresario Mario López, el más rico de Centroamérica, tenía una relación cordial con el gobierno de Colom, que fue uno de sus promotores y que más atrás, se desempeñó como ministro de Comunicaciones y que previo a dejar ese cargo público, entregó una concesión por 20 años a la empresa Comunicaciones Celulares (Comcel), de la que inmediatamente después se convirtió en importante socio tras comprar varios paquetes de acciones.
Tigo también ha sido señalado como un impulsor en el Congreso de Guatemala de leyes a su favor; ejemplo de ello son dos iniciativas que la prensa local bautizó como la “Ley Tigo”.
La Cicig también perfila una investigación contra Tigo y ex funcionarios del gobierno de Álvaro Colom. La UNE rechaza que posibles indagatorias vayan sobre ese partido político.
Advirtiendo desde tiempo atrás cualquier eventualidad, Millicom ha dicho que investigará las operaciones de la joint venture que tiene con Tigo en Guatemala, según un comunicado de esa marca enviado a la Bolsa de Estocolmo.
La elección del 2011 no fue la única en que Sinibaldi demandó aportaciones de las empresas. Según la Cicig, el ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda también se allegó de dinero ilegal en su campaña presidencial del 2015, por lo menos recursos equivalentes a 12 millones de quetzales.
El MP y la Cicig creen que Alejandro Sinibaldi, que gustaba de viajar a sus propiedades en helicóptero y mostrarse ostentoso con sus casas, recibió comisiones por conceder contratos de obra por 1,800 millones de quetzales, cantidades que se sumaban a su sueldo de 30,000 quetzales al mes -unos 73,000 pesos mexicanos-. Sinibaldi lo niega; desde la clandestinidad de su cuenta protegida de Twitter desplegó un comunicado en el que acusa de una campaña en su contra.
No es la primera vez que Telgua se mira al centro de una polémica. Ya desde el momento de su privatización entre 1997 y 1998 su nombre resonaba en Guatemala.
En aquellos años el gobierno perfilaba 1,000 millones de dólares por su venta y daba preferencia a quien propusiera comprar el 95% de las acciones, así como dejar una fianza de 10 millones de dólares.
Guatemala conoció distintas ofertas, entre ellas las de Telmex que pre-calificó y luego rechazó. Telmex había ofertado 529 millones de dólares para quedarse con Telgua.
El concurso lo ganó el consorcio Luca, S. A., de empresarios guatemaltecos y centroamericanos, tras una oferta de 700.1 millones de dólares, una cantidad a pagar a tres años y en tres pagos.
Poco tiempo después se conoció que Luca S. A. no lograría cumplir con sus compromisos financieros respecto a los pagos por la concesión de Telgua, un segundo abono por 150 millones de dólares. Y sobrevino entonces un anuncio por el que se supo que Telmex se había hecho con el 75% de Luca S. A. y por consiguiente con el control de Telgua, que en 2006 cambiaría su marca comercial a Claro.
Era entonces el inicio del milenio y AMX no imaginaba el dolor de cabeza que un día le provocaría esa filial centroamericana.
Pero lo ocurrido recientemente con Telgua tiene otro significado, aunque no impacte directamente a América Móvil, dice Agustín Ramírez, abogado especializado en telecomunicaciones del bufete Ouraboros.
“No está AMX involucrada en un ilícito, ni su imagen comprometida; la integridad de imagen de su filial, quizá sí”, destaca uno de los abogados más prestigiados en la industria telecom mexicana por su imparcialidad.
En su última conferencia con analistas financieros, América Móvil confirmó que realiza una auditoria a su filial guatemalteca y que los señalamientos de las autoridades de ese país alcanzan al ex gerente de Telgua, más no a la marca Claro, a Telgua o la misma holding América Móvil.
Es cierto que es Julio Carlos Porras Zadik quien enfrenta a la justicia guatemalteca, pero AMX debe reforzar sus protocolos de integridad ética para que no vuelva a ser sorprendida con este tipo de acciones, plantea Agustín Ramírez, de Ouraboros.
“Si bien los ejecutivos actúan con cierto margen de independencia, nunca se pueden desvincular de la empresa, porque hay un consejo de administración, y los accionistas, al momento de presentar los balances financieros de la empresa local, es obvio que tuvieron que ver a dónde fueron a parar esos dos millones de dólares. Jurídicamente la responsabilidad es para el administrador, quien fue quien autorizó todo y entonces se tiene que ver a detalle los informes de la empresa guatemalteca, no de la controladora”.
En sus reportes anuales de 2011, 2015 y 2016, América Móvil no consigna partidas especiales sobre su operación en Guatemala, indicativo de que los datos se hallan en los estados de resultados de Telgua.
Queda para Guatemala averiguar bajo qué rubro se trasladaron esos dos millones de dólares de Telgua a las empresas fantasma ligadas al PP y a Alejandro Sinibaldi; en qué se gastaron con precisión los recursos o si Telgua los incluyó, por su parte, en las partidas de cumplimiento de impuestos. Todo eso también lo sabrá América Móvil cuando termine de auditar a su subsidiaria guatemalteca.
“Lo que sí refleja este caso, es que AMX debe refinar sus protocolos de integridad, que le permitan a la empresa evitar estos casos», agrega Agustín Ramírez. «AT&T tiene un protocolo de integridad que dificulta mucho que se hagan ese tipo de aportaciones en Estados Unidos y en México apenas se empieza a regular con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pero mientras, todo eso que pasó en particular allá es en general la historia de Latinoamérica”.
Fuente: El Economista
