Telefónica negocia con Colombia para evitar el pago de 452 millones

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Agencias

Telefónica y Claro han iniciado esta semana las conversaciones con el Gobierno de Colombia para evitar el pago de un total de 1.500 millones de euros exigido por un tribunal de arbitraje, de los que 452 millones corresponden al grupo español y más de 1.000 millones al mexicano. No obstante, pese a que los intereses son comunes para ambos grupos, cada cual ha emprendido estrategias diferentes. La primera agotará todas las vías de negociación a su alcance antes de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, mientras que el operador propiedad de Carlos Slim ya ha comunicado el asunto al organismo internacional.

La obligación del pago impuesto por el laudo del Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio dejaría sin recursos a los dos operadores para afrontar las inversiones en el despliegue de redes y en las mejoras en el servicio de telefonía móvil, con el riesgo que eso supone para los principales jugadores del sector de las telecomunicaciones y el perjuicio directo que eso derivaría en los ciudadanos y en el conjunto del país.

El litigio perdido por Movistar Colombia y Claro obliga a las telecos a devolver el valor de unos activos que exceden las propias concesiones de frecuencias que recibieron hace 24 años. En dicho pago se valoran los recursos técnicos que permiten la actividad de la telefonía móvil, tales como la plataforma tecnológica, los sistemas, las estaciones base y el resto de las infraestructuras de red.

Por su parte, Telefónica avanza en estos días un proceso negociador con el Ejecutivo que preside Juan Manuel Santos para reforzar inversiones y compromisos de futuro con el país. Según ha podido saber elEconomista de fuentes conocedoras de la situación, la teleco busca abrir nuevos cauces de entendimiento entre el país y la compañía.

Se produce la paradoja de que Movistar Colombia está participada con el 32,5% por el Estado Colombiano, por lo que el propio país resulta perjudicado y beneficiado al mismo tiempo. De hecho, dicho conflicto interno enfrenta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el Ministerio de las TIC, cada cual con intereses contrapuestos.

Nada más conocer el laudo, Telefónica recurrió a los tribunales locales pertinentes y comenzó a diseñar su estrategia con diversos argumentos de negociación. Entre otras propuestas se podrían contemplar nuevos compromisos de inversión para eludir un pago que equivale a casi la totalidad de los ingresos de Telefónica Colombia en el primer semestre del año. También podrían ponerse sobre el tapete otras cuestiones ligadas que preservaran el futuro de la filial, ahora en quiebra, por una deuda heredada el siglo pasado con la pensión de sus extrabajadores.

Todo apunta a que la batalla judicial y diplomática será larga, con unas incertidumbres que podrían afectar a corto plazo a las inversiones inmediatas en aquel país.

En el horizonte cercano se encuentra el próximo concurso de frecuencias de móviles para la telefonía 4G, de 700 Mhz, derivado del dividendo digital que el país pretende habilitar en 2019 para los operadores de telecomunicaciones.

Asimismo, Telefónica afronta la capitalización de su filial colombiana por importe de unos 300 millones de euros, que se encuentra ahora en situación de causa de disolución por la referida deuda contraída por el pago de las pensiones con 16.000 extrabajadores de ColTel (antigua Telecom Colombia Telecomunicaciones), compañía pública que compró Telefónica en 2006. A través de esta inyección financiera, el operador dejaría de reportar pérdidas tras el pago de impuestos y permitiría al Gobierno colombiano vender su participación en la filial del Grupo Telefónica.

Por ahora no irá al Ciadi

La compañía que preside José María Álvarez-Pallete ya ha puesto a sus abogados a trabajar en un documento que podría presentarse ante el Ciadi, aunque en ningún caso se contempla su presentación antes del próximo mes de noviembre, dadas las actuales relaciones con el ejecutivo que preside Juan Manuel Santos.

Por su parte, la compañía Claro, afectada también por el mismo laudo que Telefónica, sí ha hecho valer sus intereses en el Ciadi con la ampliación de una denuncia anterior ya en curso.

Este operador, filial de América Móvil y rival de Telefónica en Latinoamérica, debe hacer frente a una reversión del valor de los activos que se eleva hasta los referidos 1.000 millones de euros. La compañía propiedad del magnate mexicano Carlos Slim atesora casi el 50% del mercado de móvil, mientras que Movistar Colombia cuenta con el 24% y Tigo con más del 17%.

Un laudo arbitral que disuade la inversión en telecomunicaciones

Ángel Vilà, consejero delegado de Telefónica, ya indicó la semana pasada a los analistas que el arbitraje sobre la reversión de activos en el país latinoamericano “no contribuye a la inversión en el sector de las telecomunicaciones de Colombia”. Así, apuntó que el operador se encontraba “analizando las implicaciones del laudo arbitral y las medidas legales a su alcance, tanto a nivel local como internacional”. Respecto al proceso de capitalización de ColTel, propiedad de Telefónica Colombia, aseguró que la situación ha ido progresando en los últimos meses, “en espera de la aprobación de un decreto y de otras aprobaciones gubernamentales internas”. Telefónica ingresó 756 millones en el primer semestre de 2017, de los que 472 millones se corresponden con el negocio móvil. La inversión del operador durante los pasados meses de enero a junio alcanzaron los 116 millones de euros y el ‘oibda’ aumentó hasta los 254 millones de euros. En total, la filial colombiana de Telefónica cuenta con 16,6 millones de accesos.

Antonio Lorenzo, El Economista

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