Por Claudia Juárez Escalona
El Economista
Esta semana podría definirse uno de los temas más relevantes en el sector de las telecomunicaciones que involucra varios millones de pesos y significaría el primer gran revés a la reforma: la legalidad y continuidad de la tarifa de interconexión cero así como la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para determinar tarifas de interconexión.
El próximo miércoles será discutido el proyecto del ministro de la Segunda Sala de la Corte, Javier Laynez, que supone eliminar la tarifa cero de interconexión para América Móvil; sin embargo, no haría retroactivos los pagos que sus competidores no han hecho en los últimos años.
El documento, que aún debe someterse a votación, declara inconstitucional la prohibición para América Móvil de cobrar a sus competidores y establece que el IFT es quien tiene la facultad de determinar las tarifas de interconexión, no así el Congreso.
Previo a que inicie la discusión en el máximo tribunal, empresas del sector se unieron para demandar que se mantenga la regulación que obliga a América Móvil y sus filiales a no cobrar a terceros operadores por la terminación de llamadas en sus redes, como definió el Congreso de la Unión en el Artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Argumentaron que “el no cobro por la terminación de llamadas en la red del agente económico preponderante ha hecho posible que otras empresas, tanto móviles como fijas, inviertan en sus propias redes y puedan ofrecer planes atractivos a los usuarios, motivando así la competencia en el sector de telecomunicaciones”.
Por lo que advirtieron que “su eliminación causará un daño irreversible al incipiente ambiente de competencia en México”.
En caso de una retroactividad por la terminación de llamadas en las redes (fija y móvil) del preponderante, de acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit, sería de alrededor de 20,000 millones de pesos desde la entrada en vigor de la terminación asimétrica de interconexión en agosto del 2014 al mes de junio del 2017.
El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones acusó que el proyecto que se discutirá en la Corte se basa en situaciones alejadas de la realidad, entre ellas: Telcel ha visto afectada su estabilidad financiera; sufrió medidas desproporcionadas e injustificadas equivalentes a la expropiación; su libertad de comercio fue limitada de manera irracional, y le es imposible replicar las ofertas de sus competidores, por lo que está siendo desplazada del mercado.
“Los argumentos del proyecto se alejan de la realidad, ya que a partir de que entró en vigor la medida y hasta el día de hoy este operador sólo ha perdido 5.8 puntos de participación”.
La propuesta
El proyecto del ministro Laynez plantea otorgar el amparo a América Móvil en contra del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece que mientras la empresa se mantenga como preponderante no podrá cobrarle a sus competidores por terminar llamadas en su red.
Pese a que América Móvil reclama el pago retroactivo de la interconexión desde que entró en vigor la nueva ley, la propuesta del ministro desecha esta posibilidad, bajo el argumento de que los consumidores se vieron beneficiados del crecimiento de la competencia con tarifas más bajas.
Fuente: El Economista