México crea la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas con vigencia a partir de mañana

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La Procuraduría General de la República ha publicado en el Diario oficial de la Federación un Acuerdo por el que crea la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, la cual estará adscrita a la Agencia de Investigación Criminal.

La Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas se crea como la instancia de inteligencia encargada de la ejecución y supervisión de las acciones policiales que apoyen las investigaciones relacionadas con medios electrónicos y tecnológicos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, cita el Acuerdo.

Al frente de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas habrá un Titular, quien será designado y removido libremente por el Procurador General de la República a propuesta del Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal.

El Titular de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas ejercerá las facultades siguientes:

  • Planear, programar, organizar y dirigir el funcionamiento de la Unidad en términos de las leyes aplicables bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación;
  • Determinar las herramientas cibernéticas y tecnológicas que permitan apoyar la investigación de los delitos;
  • Definir, en colaboración con la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, los programas de capacitación continua del personal de la Unidad, así como de aquellos servidores públicos que realizan investigaciones a través del uso de medios cibernéticos o tecnológicos en la Institución;
  • Coordinar con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones la definición, ejecución y supervisión del sistema de Gestión de Seguridad de la información;
  • Participar con la Coordinación General de Servicios Periciales en la adecuada aplicación del proceso de cadena de custodia para preservar la integridad de las evidencias, indicios y pruebas contenidas en dispositivos electrónicos o cibernéticos;
  • Realizar el monitoreo de la red pública de Internet para la identificación de conductas delictivas relacionadas con denuncias e investigaciones cibernéticas de la Institución, en apoyo de las áreas sustantivas;
  • Establecer, en coordinación con la Dirección General de Cooperación Internacional, los mecanismos de colaboración con organismos y autoridades internacionales relacionados con la investigación de delitos cometidos a través de medios cibernéticos y del uso de las tecnologías en los diferentes procesos de investigación;
  • Operar laboratorios de electrónica, informática, telecomunicaciones y aquellos que resulten indispensables para la investigación y persecución del delito;
  • Proporcionar herramientas y servicios tecnológicos para la investigación de delitos que requieran las áreas sustantivas de la Institución;
  • Colaborar con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia en materia de intervención de comunicaciones privadas, en términos de la normatividad aplicable;
  • Generar estadísticas de aquellos delitos en donde se encuentren involucradas las tecnologías de la información;
  • Proponer la adquisición, incorporación y actualización de las tecnologías empleadas en los diferentes laboratorios especializados y de seguridad informática de la Agencia de Investigación Criminal;
  • Auxiliar a las autoridades competentes en la investigación de delitos a través de medios cibernéticos y tecnológicos;
  • Determinar e implementar las herramientas tecnológicas requeridas para el desarrollo de las labores de investigación de campo en apoyo a las áreas sustantivas de la Institución.
  • Implementar técnicas de investigación tecnológica y cibernética que sirvan de apoyo para la generación de dato de prueba, medios de prueba y prueba bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación;
  • Apoyar a las áreas sustantivas en la evaluación de herramientas tecnológicas y cibernéticas que se pudieran incorporar en la Institución para el desempeño de sus funciones;
  • Validar, en colaboración con la Dirección General de Tecnologías de la Información, que las herramientas tecnológicas que se pretendan adoptar en materia de seguridad de la información sean compatibles con el marco normativo vigente;
  • Coordinar con las áreas sustantivas los sistemas de captación y administración de información criminal para la generación de inteligencia policial, mediante el uso de medios cibernéticos y tecnológicos;
  • Proponer al Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal las innovaciones tecnológicas para fortalecer las labores de investigación de los delitos;
  • Proponer al Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal la celebración de instrumentos jurídicos convencionales con dependencias, entidades, o instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, nacionales o extranjeros, en temas relacionados con la materia de su competencia para establecer mecanismos de coordinación, concertación y de cooperación técnica operativa;
  • Solicitar información a las personas jurídicas que prestan servicios y contenidos en internet, que se relacione con investigaciones que realice el Ministerio Público de la Federación;
  • Dar seguimiento a los asuntos que sean de su competencia o puestos a su consideración;
  • Informar al Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal sobre los asuntos de su competencia;
  • Participar en las comisiones, comités, consejos y demás grupos de trabajo, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y en los que le instruya el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y
  • Las demás inherentes a sus funciones y las que le encomiende el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal.

Dicho Acuerdo entrará en vigor al día mañana 06 de septiembre de 2017, al pasar un día a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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