Compartir
Instituto Federal de Telecomunicaciones

El Inai informó que apelará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional que interpuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), contra una resolución del pleno de este instituto de transparencia.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) también precisó que el Artículo 6 Constitucional establece que las resoluciones del pleno son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, incluido el IFT.

Recordó que esa controversia la interpuso el IFT, para evadir el cumplimiento de la resolución emitida por el pleno del Inai al recurso de revisión RRA 4977-17 y, en el caso concreto, debe elaborar la prueba daño, precisando las razones, motivos y circunstancias de la información que está reservando.

Explicó que en este caso, un particular se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Inai, turnado a la ponencia del comisionado Joel Salas, luego de que solicitó la grabación de la entrevista efectuada entre los comisionados del IFT y las personas que representan los intereses de Tele Fácil y en respuesta el instituto de telecomunicaciones clasificó la información.

Tras analizar el caso, refirió que el pleno del Inai modificó la respuesta del IFT y le instruyó analizar la información, así como los datos contenidos en la grabación de la entrevista requerida, para que de manera fundada y motivada, formulando la prueba de daño, reservara la información de conformidad con la ley de transparencia, para fundamentar la prueba de daño.

Asimismo, afirmó que la resolución emitida por este órgano garante, en ningún momento viola la Constitución y mucho menos trastoca la esfera competencial otorgada al IFT.

Agregó que lo único que se le ordenó es apegarse al procedimiento establecido en el artículo constitucional y el artículo 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales prevén que los sujetos obligados deben fundar y motivar las reservas de información, a través de la prueba de daño correspondiente.

Fuente: El Economista

Compartir

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here