Por Nicolás Lucas
El Economista
De entre las preguntas recibidas, hubo 44 formulaciones que intentaron forzar al IFT a pronunciarse sobre el espectro en 2.5 GHz comprado por Telcel a MVS y si la Red Compartida puede ser operador al menudeo.
La licitación de la banda de los 2.5 Gigahercios, identificada como la IFT-7, concluyó la etapa de manifestaciones de interés y de formulación de preguntas al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como entidad rectora de este concurso. La licitación entró ahora y hasta el 17 de abril en la fase de entrega de información y documentación, más los comprobantes de las garantías de seriedad por parte de los interesados en hacerse con un pedazo de los 120 MHz de esas frecuencias.
El regulador recibió 194 preguntas del público y la industria con interés en la banda de los 2.5 GHz, por lo que la IFT-7 se convirtió ya en el proceso licitatorio de espectro móvil que más ha llamado la atención por el entramado de sus mecanismos y criterios técnicos, de cobertura, regulatorios, de subasta y de mercado que conforman sus bases, apéndices y anexos de licitación.
La mayoría de las dudas recibidas por el Instituto tuvieron que ver con las tres obligaciones de cobertura geográfica y/o poblacional establecidas por el IFT en las bases de la IFT-7 para los ganadores de las frecuencias.
El primero de los criterios ordena a los ganadores a ofrecer servicios inalámbricos con tecnología 3G en al menos 200 de las 557 localidades del país con entre 1,000 y 5000 habitantes que aún no reciben un servicio móvil. El siguiente criterio sujeta a los operadores a llevar redes 3G o superiores a las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y los tramos carreteros que las conectan. El último compromete a los concesionarios a explotar el espectro ganado en la 2.5 GHz en 10 de las 13 zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes antes de septiembre de 2021.
De entre todas las preguntas enviadas al IFT, hubo 44 formulaciones con las que personas y empresas intentaron forzar al regulador a pronunciarse sobre el espectro en 2.5 GHz que fue de MVS Comunicaciones pero que terminó en poder Telcel, y también si la Red Compartida de Altán Redes, eventualmente como interesado y participando en un consorcio, puede o no convertirse en operador para el consumidor final, cuando su naturaleza es ser una red de servicios mayoristas.
La autoridad se deshizo de ese tipo de cuestionamientos con base en el numeral 5.1.2 del párrafo segundo de las bases de licitación, que lo amparan cuando decide no responder a preguntas no concretas sobre el concurso.
Hubo quien preguntó también si es posible que un operador que resulte ganador en la licitación pueda cumplir con sus obligaciones de cobertura geográfica con tecnología 2G, con el argumento de que esta posibilidad resultaría económicamente más viable para la zona atendida. El IFT dijo no, que debe ser con tecnología 3G, ya sea con estándares identificados en la industria como UMTS, WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, CDMA2000 y las mejoras de las mismas.
Otros quisieron llevar al IFT a un debate entre qué es una banda de cobertura, una de capacidad y las diferencias entre éstas y para qué debería utilizar un posible operador de la 2.5 esas frecuencias, para capacidad o para cobertura, y entonces desataron una polémica de preguntas que además relacionaron con las naturalezas de otro espectro, como las bandas de 1.7/2.1 GHz (AWS) y de 1.9 GHz (PCS), más la banda de 600 MHz, conocida ahora como el “segundo dividendo digital”.
“Clarifique porqué una supuesta banda de capacidad tiene obligaciones de cobertura”, fue la segunda pegunta enviada al IFT. “En relación con las obligaciones de cobertura geográfica que deberán cumplir los participantes ganadores, se solicita se aclare si el IFT realizó un análisis de los efectos, desde el punto de vista de competencia económica, tendrán estas obligaciones respecto al Agente Económico Preponderante, quien hoy cuenta con espectro asignado en la banda de 2.5 GHz adquirido de la empresa MVS y en cuyos títulos de concesión no se contienen estas obligaciones de cobertura geográfica”, fue la séptima duda.
El IFT igualmente fue cuestionado en cuanto los valores mínimos de referencia que diseñó para los bloques nacionales de la 2.5 GHz: “En relación al valor mínimo… se solicita se aclare si el IFT realizó el análisis correspondiente desde el punto de vista de equidad y competencia sobre los montos que deberán pagar los participantes ganadores y el monto que pagó en su oportunidad el Agente Económico Preponderante a la empresa MVS por las frecuencias en la banda de 2.5 GHz, así como los efectos que tendría un pago no equitativo y cuáles fueron esos análisis de fundamentación y motivación”.
El regulador reconoció como legítimas las dudas, pero insistió en que éstas no eran temas directamente relacionados con la IFT-7.
Desde el pasado 13 de febrero, el Estado mexicano, vía su órgano regulador, conduce el proceso licitatorio para adjudicar un paquete de 120 MHz de espectro repartidos en una serie de seis bloques nacionales de dentro de la banda de los 2.5 Gigahercios.
El IFT tiene confirmado a la fecha a cinco interesados por alguno de esos bloques con los que podrán ingresar al mercado del Internet y la telefonía móviles en el caso de un nuevo operador, o para complementar sus redes, para el caso de los concesionarios que ya operan en el sector.
El regulador espera una recaudación sobre los 2,000 millones de pesos, en caso de colocar la totalidad de los 120 MHz en manos de la industria. Pero sobretodo espera conectar a los mexicanos más aislados de los servicios móviles y las TICs, particularmente de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde sólo un promedio del 27% de los hogares tiene una computadora conectada a Internet.
Fuente: El Economista
