IFT y lo que debiera ser la agenda digital de nuestro país

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Israel Quiñones, STRM Noticias

La regulación económica tiende a manejar distintas visiones de un solo sector productivo, en el caso de las telecomunicaciones, la regulación puede mostrarse como motor del desarrollo de los operadores o con motivos confiscatorios e intrusivos, puede desmontar el dinamismo y la inversión del mismo sector.

La necesidad de integrar a nuevos operadores a un sector con la magnitud de inversiones que el de las telecomunicaciones demanda, se traduce en la implementación de una regulación responsable, que cuente con una visión a favor de la convergencia que la innovación y las TIC necesita, si no, nos encontraremos en una posición de regular el pasado inmediato del sector, esto, no beneficia a ningún actor, mucho menos, a los usuarios finales. Si no se regula a favor de ponderar la innovación, convergencia, desarrollo tecnológico y de integración global, la regulación y el regulador se convertirán en un obstáculo para el desarrollo de las telecomunicaciones y de una creciente economía digital, tal y como lo que hoy representa el IFT en México: Un obstáculo para el desarrollo digital.

La consolidación de un país inmerso en la economía digital y la convergencia, no puede darse en resoluciones políticas, que no tomen en cuenta la realidad de la arquitectura de la red y que, por ende, sólo basen su lógica en un razonamiento abstracto de la teoría regulatoria mal aplicada, pues, el razonamiento del IFT se basa en una regulación ex ante, que no provoca más que una regulación intrusiva y confiscatoria contra el denominado Agente Económico Preponderante, esto, para beneficio de los operadores entrantes y que estos, a su vez, no tengan que realizar una inversión en el desarrollo e instalación de redes fijas y móviles que promuevan una convergencia completa entre sí.

Según la teoría aplicada por el IFT basada en una regulación ex ante, no analiza los procesos productivos y de trabajo de los operadores, por lo que dice analizar sólo la estructura de las empresas y esto, termina con la reducción del personal de los operadores, para el IFT, esto es lo que dice cuando habla de eficiencia en el sector, por ello, a falta de un análisis concienzudo de los procesos de trabajo, la estructura no se desarrolla por si sola, sino que, necesita de la mano de obra calificada que desarrolle la infraestructura y procesos de interconexión adecuados que propicien el cumplimiento de una concesión como con la que cuenta Telmex, es decir, el cumplimiento del interés social que representa la empresa y que la red fija de cobre y en especial, la de fibra óptica, alcancen una convergencia adecuada con la red móvil, de esta manera, el país se encontrará con la capacidad de una interconexión completa.

Lo anterior no ratifica otra cosa, más que el interés político del IFT en generar las condiciones propicias para que los operadores entrantes no generen las inversiones suficientes para incrementar la conectividad, la asequibilidad y la infraestructura suficiente para no depender de la interconexión con la red de Telmex, sino que, todo lo contrario. Les facilitan la dependencia intrusiva y confiscatoria por medio de leyes que son hechas a modo, esto, no da otro resultado que no sea el de 50 millones de mexicanos desconectados y que no cuentan con el respeto de su derecho de tener acceso a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

Supuestamente, la creación de reglas asimétricas en contra del preponderante, provocaría que la competencia obtuviera acceso sin discriminación a la red de acceso del operador histórico, así como, ganancias suficientes para comenzar a invertir el desarrollo de redes propias que impulsen un impacto económico benéfico para los usuarios finales; sin embargo, las ganancias adquiridas por los operadores recién llegados al mercado mexicano o competidores pequeños de Telmex, jamás fueron invertidas en nuevas redes, sino que, vieron en el subsidio la oportunidad de vivir eternamente sin costos de interconexión y con ganancias netas sin invertir en mantenimiento o nuevos despliegues de infraestructura y redes de nueva tecnología y, que México se quede estacando con una red que con el tiempo generaría una baja considerable en la calidad del servicio.

Dependiendo del modelo regulatorio aplicado, este podría inhibir o promover el progreso de las TIC, pero en nuestro país, decidieron de forma en que la innovación no fuera más que un discurso político y con el fantasma de las tarifas bajas para el consumidor final, el IFT impulsó más y más una regulación promotora de operadores parásitos que no hacen más que interconectarse al preponderante y succionar ganancias libres, esto, sin que se generen empleos directos, inversión y convergencia, ya que, el único operador que cuenta con la convergencia completa, que es Televisa, no sabe que hacer con ella.

Ciertamente, si la competencia es limitada, la regulación puede ser una respuesta a mejorar las fallas del mercado. Pero, de lo que se trata es de mejorar las condiciones, no de mitigar y quebrar una empresa, para que otras tengan el camino libre, ya que, sin la inversión necesaria y que el sector demanda, no se puede esperar que el sector de las telecomunicaciones sea uno de primer mundo y, es que, todo lo contrario ha ocurrido; contamos con kilómetros sin conectividad móvil en los caminos del país, redes que envejecen y que, el preponderante se niega a renovar gracias a la regulación, misma que si ve crecimiento en la red, le impondrá mayores sanciones resultado de las reglas asimétricas que el mismo regulador impuso y, en las concesiones de los competidores transnacionales el servicio e interés público no esta contemplado, solamente Telmex cuenta con una concesión de esas características, pero como una paradoja, la regulación le impide cumplir con la misma.

Se quieren presumir logros que en su mayoría no existen, quizá, el único alcance de la reforma que dio lugar a la existencia del IFT, sea el de la baja en las tarifas, sin embargo, más allá de eso todo lo demás es un completo fracaso. Entre conflictos legales, laborales, regulatorios y contradicciones constitucionales, es como el IFT y sus fieles vasallos como el IDET, han planteado la defensa férrea de una reforma convertida en ley que no ha dado cumplimiento a sus principales metas, tal y como fue el interconectar a todos los ciudadanos del país en una red convergente e innovadora, sino que, ha provocado todo lo contrario: 50 millones de analfabetas digitales y, prueba de esto, es el fracaso del programa gubernamental “México conectado”.

La paradoja regulatoria en la que el IFT ha recargado sus logros, es la misma que tiene a México en el cuento de su entrada a la economía digital de primer mundo y, la irresponsabilidad regulatoria es la que tiene al país en la frontera del fracaso digital. Si bien es cierto que el camino se puede modificar, también es cierto que se necesita de voluntad política y evolutiva digital convergente para entender cual es ese camino.

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