Academia de Contratación Pública de México es el testigo social para la subasta de la 2.5 GHz

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Por Nicolás Lucas, El Economista

La asociación civil se creó en 2015 y desde entonces ha sido testigo social de aproximadamente 16 licitaciones de obra pública o adquisiciones de dependencias federales y estatales, como la CFE, Pemex, el IMSS o del gobierno de San Luis Potosí. A la fecha atestigua un proyecto relacionado con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y el NAIM.

Esta es la primera ocasión en que Academia de Contratación Pública de México participa como testigo social en temas relacionados con la industria de telecomunicaciones y radiodifusión, aunque en 2017 intentó competir con una oferta ante la SFP para ser testigo en otros procesos licitatorios del IFT.

Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el tercer testigo social distinto que acompaña sus procesos licitatorios de espectro, siendo ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas la organización que ha seguido tres concursos del regulador: dos licitaciones de TV y una de radio, las IFT-1, IFT-4 e IFT-6.

La designación de este organismo como vigilante del proceso de la IFT-7 deriva de que en su momento presentó la propuesta económica más accesible a la SFP, según un funcionario del gobierno. Academia de Contratación Pública de México está registrada en el padrón de testigos sociales de la Secretaría de la Función Pública con el expediente PMOAC008.

En su página de presentación, Academia de Contratación Pública de México A.C. informa que su directiva está integrada por ocho expertos con especialidad en contratación de obra pública y compras de bienes y servicios, y que también hacen recomendaciones sobre mejoras a programas de adquisición. Su experiencia, añade, tiene énfasis en los sectores energético, eléctrico, del transporte, la construcción y la salud.

Caso Tecnoradio pone en entredicho a los Testigos Sociales
El trabajo que realice Academia de Contratación Pública de México A.C. estará bajo la lupa de la industria y los analistas del sector, luego del cuestionado informe que realizaron sus colegas de ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas en el concurso de espectro IFT-4, y porque las frecuencias de la banda de 2.5 GHz que se licita en el proceso de la IFT-7 igualmente ha estado envuelto en la polémica desde hace más de una década.

El polémico caso de Tecnoradio, el concursante que apostó 287 millones de pesos por 37 estaciones de radio en 18 estados de la República, pero que no pagó y cuya descalificación provocó además una denuncia penal del IFT como árbitro del concurso, apenas significó un párrafo en el informe final ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas acerca de todo el proceso la licitación IFT-4 sobre radio AM y FM que se realizó entre 2016 y 2017.

En su informe de 84 páginas, Contraloría Ciudadana dedicó entonces cerca de diez renglones a lo ocurrido con Tecnoradio y lo plasmado en su escrito tuvo como base principal la información emanada de mismo regulador, como hipervínculos electrónicos a comunicados o versiones de prensa. Fue un documento que abonó entonces poco a la claridad sobre un hecho que en su momento escandalizó a la industria de la radiodifusión y puso en entredicho por segunda ocasión al nombre del IFT en cuanto su conducción de procesos de licitación de espectro radioeléctrico.

“Un participante ganador identificado con la razón social Tecnoradio fue descalificado por haber incurrido en la causal de descalificación señalada en el numeral 10.1, fracción IV de las bases… Así como por la falta del pago de las contraprestaciones de los lotes en los que fue declarado ganador…”, fue lo único que escribió Contraloría Ciudadana al respecto, pero que en el resto de su informe sobre la IFT-4 sí detalló otros encuentros entre el regulador y los otros agentes que también se interesaron en conseguir una frecuencia de radio.

El trabajo de ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas con la IFT-4, la primera licitación en su tipo en la historia de la radio mexicana, reabrió entonces el debate acerca de que los testigos sociales que acompañen procesos tan especializados como uno de espectro radioeléctrico deben contar con un conocimiento muy preciso del rubro y avalados con certificaciones, además de que debe replantearse y transparentarse los mecanismos de elección de ese tipo de figuras por parte de la Secretaría de la Función Pública.

La 2.5 GHz, la banda de las polémicas
El Instituto Federal de Telecomunicaciones conduce a la fecha el proceso licitatorio de la IFT-7 para concesionar seis bloques de 20 MHz de cobertura nacional en la banda de los 2.5 Gigahercios.

La intención del regulador con la subasta de este espectro es desahogar el tráfico que congestiona las redes móviles, equilibrar la tenencia espectral en manos de los operadores y a la vez dejar disponible más frecuencias para futuros servicios 4.5G y 5G que robustezcan las ofertas de los operadores tanto en capacidad como cobertura.

La historia de la 2.5 es de larga data. Ya en septiembre de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), MVS Comunicaciones y 10 empresas más que peleaban por su titularidad convinieron una recuperación parcial de ese espectro por parte del Estado, para ser reasignado en futuros procesos. Las compañías se quedaron entonces con 60 MHz de ancho de banda.

Después, entre 2016 y 2017, el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó a Telcel la explotación de los 60 MHz de espectro que MVS Comunicaciones poseía en la 2.5 GHz.

Por las mismas fechas, el regulador informó que había habilitado al resto de los tenedores a seguir avanzando con sus planes para ofrecer nuevos productos de servicios móviles sobre el espectro que habían logrado retener e informó que la licitación IFT-7 empezaría en febrero de 2018.

El regulador presumió en marzo que había cinco interesados por espectro móvil de la 2.5, pero al cierre de mayo sólo se tenía confirmado el interés de dos empresas, de las que se presume son AT&T y Movistar, luego que Telcel y Altán Redes declinaron oficialmente ir por ese espectro ante la consideración de que las reglas de la IFT-7 no equilibran las posibilidades de todos los operadores interesados.

Fuente: El Economista

 

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