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Por Nicolás Lucas, El Economista

Los hermanos Adrián y Alfonso Esper Cárdenas perdieron el derecho de explotar la banda de 2.5 GHz por el incumplimiento de una serie de condiciones técnicas y legales y por el nulo pago de 48.9 millones de pesos como contraprestación necesaria para construir una red de servicios inalámbricos fijo/móviles sobre ese espectro en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Por estos motivos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se encuentra ahora en un proceso de recuperación y evaluación técnica-económica para recolocar próximamente en el mercado esos 60 MHz de ancho de banda que fueron de los Esper Cárdenas por cerca de 30 años y ahora para servicios de nueva generación como 4G, 5G y tecnologías posteriores.

De esta manera, hoy se conoce el primer caso en que el IFT entra al rescate de la 2.5 GHz de manos de uno de los últimos seis concesionarios originales de este espectro que el 18 de diciembre de 2017 habían prometido por enésima ocasión crear una nueva red de servicios sobre esas frecuencias a más tardar el 1 de abril de 2018 y que fueron Sistema TV Digital, Tele Comarca, Telefutura, TV Zac, Ultravisión y los hermanos Esper Cárdenas.

En el camino, Megacable y TDS retornaron su espectro de 2.5 al Estado, entre 2013 y 2017, a cambio de una indemnización económica, mientras que MVS vendió en 2016 el suyo a Telcel de América Móvil.

Adrián y Alfonso Esper Cárdenas heredaron de su padre Alfonso Esper Bujaidar la titularidad de las frecuencias, en total 190 MHz de 2.5 que después se hicieron 60 MHz por la recuperación parcial de esa banda convenida en septiembre de 2013 entre los concesionarios y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Con base en el acuerdo de 2013 entre los concesionarios originales de la banda de 2.5 GHz y la SCT, los hermanos Esper se comprometieron a tener en operación una red de servicios inalámbricos a más tardar el 31 de diciembre del 2016, plazo que se extendió un año más de gracia, hasta el último día de 2017, siempre que existiera el compromiso de conformar esas nuevas ofertas con la 2.5.

A la par, los Esper y los demás concesionarios tenían la obligación de solicitar al IFT la habilitación legal en los títulos de concesión de bandas radioeléctricas la posibilidad de ofrecer servicios adicionales como Internet, más allá de los originales para audio/video restringido, y conseguir además un título de concesión única que también les permitiría cumplir con todos los compromisos adquiridos en 2013.

De acuerdo con uno de los expedientes del 18 de diciembre de 2017, el P/IFT/EXT/181217/199, todos los concesionarios presentaron a destiempo las solicitudes de modificación de títulos de concesión de espectro y de tramitación de aquellos de concesión única para nuevos servicios con la 2.5 y el IFT les concedió entonces una nueva prórroga, con base en el reconocimiento de que su abultada carga de trabajo regulatorio por las licitaciones de radio y de televisión abierta tampoco le había permitido definir con prontitud estos temas.

Los expedientes también citan que los hermanos Esper igualmente no tenían un contrato de servicios prestados al consumidor debidamente registrado ante la Profeco.

Teniendo todo esto como antecedente, el regulador llevó hasta el 1 de abril de 2018 a la fecha fatal para que los Esper Cárdenas y los demás concesionarios tuvieran su red de telecomunicaciones con 2.5 GHz lista en sus respectivas zonas de cobertura.

Pero ocurrió que los hermanos Esper no aceptaron las condiciones del 18 de diciembre de 2017: “Se da por terminada la concesión de bandas, por no cumplir con la aceptación de condiciones y el correspondiente pago por concepto de contraprestación”, dice el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre los Esper en el documento con folio FET071775CO-100570.

Las concesiones de los Esper expiraron, por este motivo, el 20 de febrero de 2018, dos meses antes del plazo último fijado por el regulador, y la decisión del IFT fue inscrita en su registro público de concesiones el 20 de junio pasado, aunque se hizo pública hace pocos días.

A la fecha se desconoce aún si estos concesionarios contaban o no con el capital suficiente para crear una nueva red de servicios de telecomunicaciones o si negociaron con alguno de los operadores móviles el traspaso de las señales por la vía del mercado secundario de espectro, como ocurrió con el caso de MVS Comunicaciones y Telcel, o si, en otro escenario, existió o no el interés de parte de Telcel, AT&T o de Movistar de comprar a los hermanos Esper Cárdenas su 2.5 GHz para, por ejemplo, ofrecer servicios de 4.5 G en el noreste del país.

“Estos pequeños operadores que conservaron su fragmento de 2.5 GHz, tal vez nunca tuvieron la intención real de operarla comercialmente. Dado los muchos plazos del IFT y su buena disposición, pareciera que ellos nunca tuvieron la intención ni los recursos para hacerlo”, dice Ramiro Tovar, analista en telecomunicaciones adscrito al ITAM. “Tal vez esperaron a que algún concesionario grande se les acercara para hacer una operación como la de Telcel con MVS, pero allí, si fue así, les falló el cálculo, porque no todos los casos tienen las mismas condiciones técnicas ni de mercado y entonces lo que hicieron fue que sólo durmieron el espectro”.

En su oportunidad, Telcel adquirió los 60 MHz de MVS en la 2.5 para “combinarlo” con otras bandas de espectro bajo la modalidad de “carrier aggregation” con la que pudiera ofrecer servicios más veloces y mayor capacidad en aquellas ciudades donde el mercado lo ameritara, mientras que donde no cuenta con banda de 2.5, Telcel explota otras frecuencias radioeléctricas.

Adrián y Alfonso Esper contaban con dos títulos de concesión que amparaban la explotación de esos 60 MHz de frecuencias de espectro en los anchos de banda que van de los 2500 a los 2530 MHz, en un tramo, y de los 2620 a los 2650 MHz, en el otro. Uno de los títulos avala la explotación en San Luis Potosí y el otro avalaba las explotaciones en Tamaulipas y en el sur de Nuevo León.

Eran, en total, 40 zonas de cobertura repartidas entre 18 municipios de San Luis Potosí y Tamaulipas, cada uno, más cuatro municipios en Nuevo León que los Esper Cárdenas no explotaron con nuevos servicios inalámbricos fijos y/o móviles.

Fuente: El Economista

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