Por Nicolás Lucas, El Economista
El Instituto Federal de Telecomunicaciones tomó dos polémicas decisiones el 12 diciembre de 2018 que repercutirán en los planes inmediatos de América Móvil de cara a su ingreso al negocio de la televisión de paga en México y también sobre la operación financiera de Telmex, hoy en números rojos.
Aquel miércoles por la tarde, el regulador determinó la inexistencia de pruebas que hubieran demostrado una violación a la regla de gratuidad sobre la retransmisión de contenidos de televisión abierta en plataformas de televisión restringida bajo el amparo de las medidas regulatorias del must carry y must offer, regulaciones que no fueron aprovechadas indebidamente por Dish y Telmex en su alianza comercial de 2008 sobre facturación de servicios y por lo que el IFT absolvió definitivamente a la telefónica y ésta vio alejarse al fantasma de la revocación de títulos de concesión.
Ese mismo día, el IFT también estableció por cuatro votos contra tres de sus siete comisionados que Teléfonos de México sí incumplió entre 2013 y 2014 con una serie de plazos de entrega para el servicio de arrendamiento de enlaces dedicados locales, de larga distancia nacional/internacional y en los tiempos de cumplimiento de esos ordenamientos establecidos por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones el 11 de julio de 2012 y para el periodo 2011-2014, conforme el apartado 4.1 de la concesión de Telmex. Entonces, el regulador impuso a la operadora una multa por 2,543 millones 936,879 pesos con 63 centavos.
El regulador IFT complica la operación de Telmex
Fuentes consultadas por El Economista dijeron que Telmex debía cumplir con el ordenamiento de la Cofetel sobre que el 85% de las solicitudes de los enlaces deberían atenderse y solucionarse en determinados plazos; y también se consideró que Telmex continuó con esa conducta de incumplimientos. De esta manera fue que el regulador procedió a imponer sólo una sanción y equivalente al 1.0% de los ingresos de la telefónica para el año 2013.
América Móvil calificó a la multa del IFT como “ilegal y desproporcionada”, de ahí que irá a los tribunales para combatir esta decisión del regulador.
Las fuentes estimaron por separado que los ordenamientos establecidos por la Cofetel en julio 2012 habrían quedado abrogados cuando el IFT, como nuevo ente regulador del sector de telecomunicaciones, emitió en 2014 nuevos parámetros de calidad para Telmex como parte de las medidas de preponderancia por ser ésta la empresa incumbente del mercado y AMX podría, con base en este argumento, intentar echar abajo la multa por considerarla resultado de una obligación que entonces ya no estaba vigente.
La megamulta a Telmex, equivalente a 128 millones de dólares, presionará los estados financieros de esta compañía que ya liga varios trimestres en números rojos desde la aprobación de la reforma telecom, como bajas en ingresos por voz, interconexión y larga distancia y que seguirá con complicaciones económicas aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en abril pasado que Telmex sí puede cobrar desde el 1 de enero de 2019 una tarifa de interconexión a sus competidores por la terminación de llamadas en sus redes.
Los 2,543.9 millones de pesos como multa fijada a Telmex es superior a la inversión de 2,507 millones de pesos dirigida por la compañía al despliegue de redes de datos vía fibra óptica durante el tercer trimestre de 2018, que entonces ya había caído 79.81% en comparación con los 3,141 millones de pesos del trimestre abril-junio de 2018.
La cifra, ante todo, supone un impacto al poder de inversión de Teléfonos de México en momentos en que la empresa atraviesa por complicaciones financieras, estima Jorge Fernando Negrete, director en Mediatelecom Policy & Law:
“Es una sanción desproporcionada, desmesurada y expone la misma resolución del IFT de la separación funcional de Telmex al quitarle liquidez y viabilidad económica a la empresa; cancelando además el derecho fundamental de acceso a las TICs, Internet y demás servicios telecom a los más pobres; y además, viola derechos laborales. Pero sobre todo, destruye la inversión del sector y la cobertura en áreas rurales”.
Datos financieros de Telmex a la Bolsa Mexicana de Valores indican que la empresa perdió 56,000 unidades generadoras de ingresos o UGIs en el tercer trimestre de 2018, una profundización del 107.4% en relación con la pérdida de un año antes en el mismo rubro. Teléfonos de México ingresó 23,005 millones de pesos en el tercer trimestre del año, 5.0% menos en comparación con el mismo lapso de 2017, que entonces ya había caído en 2.7% sus ingresos.
El EBITDA de Telmex observó una reducción del 17.2% en el tercer trimestre, para situarse en 3,472 millones de pesos y desde 4,191 millones de pesos del trimestre julio-septiembre de 2017. La deuda de Teléfonos de México se situó en 18,081 millones de pesos en septiembre de 2018, 35.7% sobre lo reportado en el igual periodo de 2017.
Telmex informó inversiones por 8,922 millones de pesos en 2014, 15,973 millones en 2015 y 18,164 millones de pesos en 2016. Telmex invirtió 12,918 millones de pesos, 688 millones de dólares, en 2017, según reportes financieros de la compañía a la BMV.
Dish no abusó ilegalmente con Telmex del must carry: IFT
Luego de cinco años, el Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció en definitiva que Dish de MVS Comunicaciones y Telmex de América Móvil no vulneraron la regla de gratuidad de retransmisión de contenidos. De haber incurrido en esa violación, Telmex, en el caso extremo, habría perdido su concesión de telecomunicaciones, conforme establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al ser esta empresa el agente económico preponderante del sector.
De esta manera, el IFT esclareció el caso y sólo quedará, según expertos, que terceras empresas interesadas valoren la presentación de recursos legales en contra de esta decisión del regulador. Pero, mientras, dijo una fuente, el regulador no pudo comprobar una conducta ilícita por parte de estos actores.
El IFT inició una investigación entre 2014 y 2015 para determinar el alcance de la relación comercial que habían conformado la telefónica y el sistema de televisión de paga de MVS, cuyo objetivo fue desde un origen la facturación y cobranza de los recibos de Dish a través de Telmex, según informes de las mismas empresas en 2008. Fue en 2013 que desde distintas notas de prensa y denuncias de empresas del sector que el regulador se vio obligado a investigar a Dish-Telmex.
Pero el 13 de enero de 2015, el regulador definió que Telmex y Dish sí se concentraron, pues Telmex, a través de Teninver, adquirió control en Dish México, mediante diversos contratos que en la práctica constituían una concentración en términos de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y que, por tanto, debió ser anunciada en tiempo y forma al IFT.
El IFT multó entonces a Dish México con 43 millones de pesos y a Telmex con 14.4 millones de pesos, y precisó que las sanciones derivaron por no notificar la concentración, más no por una posible violación al must carry/must offer o por la realización de alguna otra maniobra dañina para el mercado.
Fue así que el IFT siguió investigando si Telmex, al ser agente económico preponderante en telecomunicaciones, abusó de la gratuidad del must carry y must offer.
Ya en junio de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció por separado que Uno TV es un portal de contenidos en Internet al que se puede ingresar desde distintas redes de telecomunicación además de Prodigy Infinitum y que, por tanto, no vulnera el apartado título de concesión de Telmex, el cual prohíbe expresamente a esa telefónica ofrecer cualquier servicio de televisión en México.
Aquella fue una resolución que allanó el camino de Teléfonos de México a la televisión de paga y que hizo pensar que Uno TV pudiera convertirse en una potencial marca con la que Telmex puede llegar a la TV restringida.
Ahora, el regulador absuelve a Telmex de toda duda sobre violaciones al must carry y must offer, en días en que otra subsidiaria de América Móvil ha solicitado al IFT la autorización para vender productos de televisión restringida en México.
Fuente: El Economista
