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Agencias

La empresa Millicom, que en el país opera con la marca Tigo, podría imponer condiciones sobre el costo o consecuencias de cualquier diferendo de la empresa Telefónica (Movistar) con el Estado, de aprobarse la compraventa de las operaciones de la compañía española en el país.

Tal es el caso de la investigación por supuesta defraudación que lleva el Ministerio de Hacienda en contra de la empresa de capital español.

El 20 de febrero pasado, las empresas anunciaron el inicio de acuerdos sobre el capital social completo de Movistar en Costa Rica. Dicha compañía es el segundo proveedor de servicios móviles más grande en Costa Rica, con 2,4 millones de contratos.

Juan Manuel Campos, abogado experto en telecomunicaciones, explicó que es usual que en negociaciones donde exista una venta, fusión o concentración en un mercado, las partes incorporen dentro de la negociación, acuerdos de “contingencia”.

Estos acuerdos pueden ser laborales (demandas en tribunales), tributarios (impuestos pendientes de pago), municipales o cualquiera que de alguna manera pueda afectar a la compañía que ingresa, ya sea por vía de adquisición o por la cesión de una concesión.

“Las empresas puede definir que esas contingencias estarían a cargo de alguna de las dos empresas que negocian el acuerdo respectivo”, comentó.

El abogado explicó que el hecho de que una empresa mantenga un diferendo legal o económico con el Estado no es causal para que se detenga el trámite o aprobación de una venta, fusión o concentración.

“Las obligaciones nacen hasta el momento en que la deuda o la sanción impuesta por el Estado tenga firmeza y no esté recurrida en tribunales, puesto que sería hasta el momento en que haya cosa juzgada material cuando verdaderamente nacería la obligación de la parte que incumplió”, detalló.

El ordenamiento jurídico costarricense contempla normas que regulan con precisión la compraventa, fusión o concentración en el mercado de telecomunicaciones.

Por ejemplo, la Superintendencia de Telecomunicaciones debe realizar un estudio en el que determine que la concentración no perjudica los mercados en donde se da.

Eduardo Castellón, vocero de Sutel, explicó que este proceso tiene como objetivo verificar que la concentración analizada no ponga en peligro la sana competencia en perjuicio de los consumidores.

“Esa es la razón por la que se podría rechazar una compraventa, fusión o concentración en el marco del régimen sectorial de competencia de las telecomunicaciones”, dijo.

Las funciones de la Sutel como Autoridad Sectorial de Competencia se circunscriben a verificar ese posible impacto en el sector de las telecomunicaciones.

El ente supervisor no analiza ni entra en conocimiento de la existencia de diferendos legales o cualquier otra particularidad sobre el giro comercial o legal de las compañías.

Castellón añadió que, en términos generales, cuando se da una compraventa, fusión o concentración de dos empresas, se mantienen los mismos compromisos y responsabilidades establecidas en la legislación costarricense y es la empresa adquiriente quien valora como parte de su análisis y decisión comercial la existencia de dichas situaciones particulares.

Fuente: CR Hoy
Imagen: Internet

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