Resolución del IFT sobre prácticas monopólicas de Telmex tardaría más de lo previsto

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Por Nicolás Lucas, El Economista

Telmex está siendo investigada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para esclarecer si entorpeció, retardó o porqué negó una o varias solicitudes de acceso a su infraestructura de cobre o fibra óptica, un insumo considerado como esencial por el que una tercera empresa se había interesado para crear servicios dirigidos al consumidor final.

La Autoridad Investigadora del IFT (AI) recibió una denuncia de un solicitante de ese acceso, conocido en la industria como desagregación de la red local y se ha impuesto un periodo de 30 días hábiles como mínimo y de 120 días hábiles como máximo, que se cumplen el 15 de junio y el 25 de octubre; según sea el caso, para determinar si Telmex incurrió o no en prácticas monopólicas relativas, es decir, que intentó desplazar a otros agentes del mercado y que es por lo que se le investiga desde el 29 de abril pasado.

Especialistas coinciden en que los derivados de esta investigación irán más allá del año 2019, por el sólo hecho de que la AI puede ampliar la investigación hasta por cuatro periodos de 120 días hábiles cada uno, si encuentra motivación para ello con la información que eventualmente presenten Telmex y la empresa demandante para echar abajo los argumentos de la contraparte, y que en la más severa de las resoluciones, Teléfonos de México se vería obligada a cumplir con una sanción económica “millonaria”, misma que todavía podría ser combatida en los tribunales administrativos y especializados.

“El asunto puede ir para largo; no se resolvería, o al menos no conoceríamos su resultado, en este 2019 por todo el proceso que se debe cumplir”, dice Sandra Rodríguez, directora en el despacho Jurídica en Telecomunicaciones. El hecho de que la AI concluya con los periodos de investigación, no significa que emitirá una decisión al día siguiente. La última investigación de esa unidad del IFT fue sobre el posible poder sustancial de un agente económico en radiodifusión; esa indagación ocurrió a mitad de 2018 y el caso se cerró en enero de 2019.

“La Autoridad Investigadora analizará las pruebas que presente la parte a la que le están señalando la práctica monopólica relativa, que en este momento ya debe saber quién es la empresa que la está acusando. Y en esta etapa de pruebas y defensas, estará la finalidad de desvirtuar el dicho de que incurrió en esa práctica y si incurrió, porqué. Pudo haber ocurrido que no entregó un acceso porque no tenía última milla allí, que estaba en construcción, etc. Es la pericia de los abogados lo que se valora en estos asuntos. Todo eso es información que se tiene que desmenuzar y todo eso puede llevar a que la AI determine un tiempo ampliado por el tipo de información que tenga que analizar y a su vez, una vez acabado todo el proceso, podría establecer una resolución con el que imponga una sanción económica, misma que también podrá ser materia de litigio más adelante, y en el camino, todo este asunto debe pasar por el pleno de comisionados del IFT”, dice la especialista de Jentel.Mx.

Por política regulatoria asimétrica en telecomunicaciones, Telmex no debió negarse a permitir el acceso al solicitante, si fuera ese el caso, recuerda Salomón Padilla, especialista en SAC Abogados, y ahora este operador tendrá que comprobar que “realizó esfuerzos razonables para poner a disposición de terceros dicha infraestructura” y entonces la AI del Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá establecer si ello amerita una sanción.

“La investigación es muy importante, pues involucra el tema de acceso a la infraestructura Telmex, por ello que será interesante conocer si hubo agentes que se acercaron a solicitarle en la forma planteada por IFT el acceso a esa infraestructura y si Telmex solventó estas solicitudes de manera expedita. Por lo que el análisis que haga IFT de las solicitudes y las acciones comerciales de Telmex en el mercado se podrá inferir si hubo o no esas prácticas monopólicas relativas”.

Cualquier empresa de distinto tamaño pudo haber denunciado a Telmex e incluso la Autoridad Investigadora puede iniciar investigaciones por denuncia anónima, aunque en este caso en particular el denunciante ya debe ser conocido por la telefónica porque en su momento solicitó el acceso a su infraestructura, motivo de esta investigación sobre prácticas monopólicas.

Jorge Fernando Negrete, especialista de Digital Policy & Law, y Sandra Rodríguez, de Jentel.Mx, coinciden en que la solicitud de acceso a la infraestructura presuntamente negada tuvo que haber ocurrido entre 2016 y 2018, cuando se hizo efectiva la desagregación de la red de Telmex para la competencia; incluso, el hecho pudo haber ocurrido al inicio del primer trimestre del 2019, el periodo con una de las inversiones más bajas para la construcción de infraestructura por parte de Teléfonos de México.

Entre enero y marzo de 2019, Telmex invirtió 2,099 millones de pesos al despliegue de sus redes de comunicación, aproximadamente 110 millones de dólares, mientras que su competidor en banda ancha, Izzi Telecom, destinó 169.7 millones de dólares a construcción redes, por los 73.2 millones de Megacable y los 20 millones de dólares de Axtel en el mismo periodo.

La investigación iniciada a Telmex sobre posibles prácticas monopólicas relativas se da en un momento en que sobre esta empresa también pesa una multa de 2,543 millones de pesos por el incumplimiento de parámetros de calidad impuestos por la desaparecida Cofetel en 2012.

También ocurre cuando el IFT estudia en nueva ocasión el grado de éxito de las medidas de preponderancia que pesan sobre las empresas del grupo América Móvil desde marzo de 2014 y en el camino, con la posposición once meses de la separación funcional de Telmex y la petición de AMX de entrar al negocio del video en el mercado mexicano.

Ahora, salta la pregunta acerca de si esta investigación puede complicar o no las revisiones bianuales del IFT a los resultados de la regulación asimétrica sobre Telmex. “Es un momento crítico, porque cualquier investigación podría afectar el proceso de revisión de las medidas de preponderancia”, plantea Jorge Fernando Negrete Pacheco, de Digital Policy & Law.

“La investigación podría dar lugar a una sanción o multa, pero esto tendría que demostrarse en el curso de la investigación. Los resultados también pueden tener implicaciones en materia de regulación, toda vez que se trata de acceso a las redes del principal proveedor de estos servicios mayoristas en el mercado”, agrega Víctor Pavón Villamayor, especialista de Oxford Competition Economics.

Fuente: El Economista

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