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Agencias

La ley 152 de 2018 es la propuesta bandera de la cartera TIC, liderada por la ministra Sylvia Constaín, que ha sido centro de críticas y debates en los últimos meses, pero que, según el Gobierno, garantizará la conectividad en las zonas más apartadas del país y disminuirá la brecha digital en todo el territorio nacional.

La iniciativa, que fue presentada en septiembre de 2018, tuvo que ser aplazada en el pasado mes de diciembre luego de que varios sectores pidieran una mayor socialización de la propuesta. El proyecto contó con el aval del Senado el pasado martes y se le dio luz verde en la Cámara de Representantes. Ahora los textos serán sustanciados por Senado y Cámara y luego los secretarios generales decidirán si se requiere conciliación para finalmente pasar a sanción presidencial.

La propuesta ha sido centro de críticas desde que el Gobierno la presentó en septiembre del año pasado. De hecho, el Ministerio de las TIC tuvo que realizar algunas modificaciones luego de que en diciembre se aplazara la discusión debido a los cuestionamientos de algunos sectores que argumentaban, entre otras cosas, una concentración del poder por parte de la cartera de las TIC en los temas de regulación.

El proyecto de ley volvió al Congreso este año, y la semana pasada se creó una subcomisión para estudiar un total de 128 proposiciones en el Senado, que buscaban modificar y conciliar algunos puntos de la iniciativa, de las cuales 38 fueron aceptadas.

“Este proyecto moderniza al sector de telecomunicaciones y pone a Colombia solamente a la parte más avanzada del sector de telecomunicaciones que es tan importante para la salud, la cultura, la educación, el deporte, para todos los sectores. Estamos generando las condiciones para llegar a áreas rurales que hoy no tienen conectividad”, dijo la Ministra al término del debate en la Cámara.

Uno de los puntos importantes del proyecto tiene que ver con la asignación del espectro radioeléctrico. Actualmente, los permisos de uso son hasta por 10 años con opción de prórroga. El Gobierno había planteado en la primera propuesta ampliarlo a 30; sin embargo, la última modificación contempló una autorización de 20 años. De acuerdo con Constaín, estos plazos permitirán una mayor inversión para lograr la conectividad faltante.

“Buena parte de las funciones de la ANTV se están entregando al Ministerio, así como las de vigilancia y control. Todo esto va  en contra de los estándares internacionales”

La ley también plantea la creación de un regulador convergente para el sector integrado por dos juntas. La primera, que en teoría sería la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se encargará de “promover la competencia en los mercados de las redes y los servicios de telecomunicaciones”. Estaría integrada por el ministro TIC, un comisionado designado por el Presidente, un comisionado elegido por canales regionales de televisión y dos comisionados escogidos por concurso que hará el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La segunda, llamada Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, se enfocaría en los asuntos asociados a pluralismo informativo y defensa y derecho de los televidentes. La propuesta es que esta esté conformada por un miembro elegido por los operadores públicos regionales del servicio de televisión, un miembro del sector audiovisual escogido mediante concurso público realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y un miembro de la sociedad civil elegido mediante un concurso público realizado por una universidad.

Este es uno de los puntos que más críticas ha suscitado, pues se considera que así las funciones de regulación y control quedarán en manos del Gobierno. Carolina Botero, de la Fundación Karisma, asegura que se trata de una división permanente que no está creando mecanismos de diálogo. “Buena parte de las funciones de la ANTV se están entregando al Ministerio, así como las de vigilancia y control. Todo esto va también en contra de los estándares internacionales”.

La creación de un Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es otro de los apartados claves estipulados en el proyecto, pues los recursos ya no se destinarán en dos fondos distintos, FonTIC y FonTV, como está estipulado en la actualidad.

La Ministra defendió la idea de la creación de un fondo único y respondió a las críticas sobre las posibilidades de que se le quite inversión a la televisión pública. Resaltó que el articulado garantiza el máximo nivel de recursos posible y un incremento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como permite que el 10 % de los recursos sean utilizados para gastos de funcionamiento de los canales.

“Hay recursos que antes no había no únicamente en términos de qué es predecible sino que hay un crecimiento por el IPC que hoy no existe. Adicionalmente hay recursos para los contenidos multiplataforma”, señaló.

Juan Buelvas, gerente de Telecaribe, resaltó que el proyecto “es muy positivo para todo el sector y en especial para los canales regionales que tenemos garantizados nuestros recursos por un incremento mínimo del IPC y unas líneas de trabajo adicional para el tema de contenidos”.

El proyecto también ha sido criticado por no incluir una regulación a las nuevas plataformas OTT (over the top), es decir las que transmiten contenidos por medio de internet, como Netflix o Amazon Prime.

Con información de El Tiempo

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