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Por Nicolás Lucas, El Economista

Las asociaciones civiles que han solicitado concesiones de uso social para transmitir en radio o televisión están respaldadas por el derecho a la libertad de expresión y pensamiento consagrados en la ley, aunque esté se encuentre asociado a un pensamiento religioso, dijo el jurista Agustín Ramírez.

Agustín Ramírez, abogado especializado en telecomunicaciones, radiodifusión y defensoría de audiencias, exhorta a discernir entre lo que es una organización con pensamiento religioso y una iglesia y plantea el porqué de reabrir el debate para que una asociación civil relacionada a alguna fe consiga una concesión de radio y/o televisión, siempre que no busque el adoctrinamiento y para no vulnerar a ese tipo de agrupaciones en sus libertades de expresión y pensamiento.

Ramírez fue el director jurídico del Instituto Mexicano de la Radio (Imer) varios años atrás y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). Hoy es uno de los pilares de la maestría en gestión, derecho, regulación y competencia que oferta la Universidad Anáhuac sobre la industria de telecomunicaciones.

El también columnista en la revista Zócalo ha planteado la necesidad de reflexionar y debatir sobre la protección de la libertad de expresión, especialmente en el caso de las concesiones otorgadas a asociaciones que pueden tener relación con la fe.

—Hubo un revuelo acerca de que el regulador entregó una concesión a una organización religiosa, aun cuando este concesionario se acreditó como una asociación civil. Más allá de la polémica también generada por su domicilio no ubicado y por cuándo saldrá al aire, ¿estuvo correcta esa entrega de espectro?

—Lo que se ha conocido refleja que el regulador entregó esa concesión conforme lo establecido en la ley. Hubiera sido una decisión extralimitada por parte del IFT, si efectivamente hubiera llegado al grado de otorgar una concesión a una organización religiosa. En el IFT no son burdos en ese sentido. Y si allí hubiesen fallado, la sociedad, los medios, tendrían que reclamar también a otros órganos por qué no hicieron bien su trabajo; se me ocurren ahora Segob y SCT, porque esto no es una historia de un solo actor.

—Las balas se dirigen al Instituto Federal de Telecomunicaciones porque es quien entrega las concesiones, no quien registra las iglesias, y por eso se sostiene que se ha afectado el Estado laico con esta concesión otorgada.

—Este caso indica que debe plantearse un nuevo paradigma, uno distinto. Debe dejarse de lado la visión de que la laicidad implica forzosamente una separación entre las iglesias y el Estado, y para ello hay que ir al origen de esta premisa de separación iglesia-Estado. Si usamos un argumento tan blando de sólo mencionar que somos un Estado laico y no explicar el porqué, entonces nos quedamos cortos.

—En las clases de primaria, por resumirlo así, nos cuentan de las intromisiones de las iglesias, de una en particular en toda la vida cotidiana y por eso la separación iniciada hará más de un siglo.

—Hay que entender que el origen está en que la educación estaba a cargo de la iglesia y que se pretendía justamente que la educación, por su naturaleza, estuviera a cargo del Estado y no sólo de las iglesias. A partir de ese principio es que se formuló todo el tema del Estado laico, pero no podemos desconocer que vivimos en tiempos muy cambiantes y que por otro lado la nación mexicana es un conjunto de población evidentemente creyente de una fe, entonces la visión debe tener un cambio, siempre y cuando se resguarde el principio básico del Estado laico.

— El Economista publicó que La Visión de Dios se trata de una asociación civil evangélica que obtuvo una concesión, porque existen los elementos en las redes de ellos, pero algunos malinterpretaron la información haciéndola ver como una religión.

—Las concesiones de uso social, como en este caso para organizaciones que también son organizaciones de la sociedad, no hay que descalificarlas, pues lo mismo es una organización de la sociedad civil dedicada a promover la libertad de expresión, que lo mismo es una organización de la sociedad civil dedicada a promover la libertad de pensamiento, aunque ese pensamiento sea un pensamiento religioso. Hay que revisar en detalle la naturaleza de cada concesionario.

No hay que descalificarlos, para quienes lo hacen, porque su ámbito de trabajo o función en la sociedad civil esté en promover la libertad de pensamiento y porque ese pensamiento está sustentado en un pensamiento religioso, entonces los que descalifican sólo atentan en contra de los principios básicos de las libertades, porque también hay una fracción de la sociedad civil dedicada a la promoción de sus derechos fundamentales.

—Quizá estamos espantados porque ya en los canales nacionales de televisión se miran contenidos asociados a religiones y por radio, incluso, se transmiten en vivo las liturgias dominicales…

—Por eso hay que abrir la discusión de estos temas. Y mientras, el Estado, a través del IFT, debe tener el cuidado de que con esas concesiones de radio y televisión se adoctrine al pueblo de México y que no se deje sólo en manos de ellos la cuestión de la educación. Fuera de eso, esto es un escenario distinto, porque además ocurre que en otros países las religiones están allí, pero reguladas. Y por ahora, porqué limitar la creencia religiosa y la libertad de pensamiento y la libertad de expresión de esas asociaciones civiles a través de no otorgarles licencias para que exploten medios de comunicación. Todo eso, si no lo atendemos como debe ser, nos va a llevar a un enfrentamiento que no es como se pensó en el origen el Estado laico.

—¿Entonces se estarían afectando los derechos de las asociaciones civiles por no dejarlos ir a los medios electrónicos?

—Hay que dejar claro que hablamos de las A.C., no de las iglesias. En la Constitución y los tratados internacionales se señala a la libertad de pensamiento como fundamental, por eso es que si una organización de la sociedad civil promueve su derecho a la libertad de pensamiento y lo asocia a una libertad de pensamiento religioso, no es un problema; como organización de la sociedad civil tiene derecho a promover la visión que tiene del mundo, así que no está contraviniendo la Constitución y ni el IFT, otra vez en este particular, está violentando la ley. El IFT le dio la concesión a una asociación civil y que no tiene finalidad de adoctrinamiento ideológico, sino una expresión asociado a un pensamiento religioso.

La prohibición de no otorgarles licencias a las iglesias para manejar medios de comunicación es otra cosa. Porque una A.C. no es una religión y hay que distinguir la naturaleza jurídica de cada uno. Si por ejemplo se entrega una concesión a La Luz del Mundo, entonces sí estaríamos en una violación a la legislación.

—¿En el fondo de todo esto está una necedad de negar porque sí la entrada de los grupos religiosos a los medios o verdaderamente se vulnera el Estado laico?

—Nadie pone en duda el principio constitucional de separación iglesia-Estado; nadie pone en duda que la educación debe ser laica, nadie está en contra de eso. Simplemente hay que reflexionar que la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de pensamiento, todo eso, está consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales y que, finalmente, como personas tenemos el derecho a la libertad de pensamiento y que esas libertades de expresión y de opinión no tienen que ser cuartadas; al contrario, debe permitirse a una persona externar su opinión y su visión, aunque esté sustentada en una visión ideológica, porque los partidos políticos también están sustentados en una visión ideológica, sólo que desde otra perspectiva.

No debemos cerrar los ojos a la idiosincrasia de la nación mexicana, por eso seguirá esta discusión siendo materia de si se limita a las iglesias explotar concesiones, pero no a las organizaciones de la sociedad civil que tienen una vinculación a esa forma de pensamiento.

Fuente: El Economista

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