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Por Newsline Report

Para el regulador brasileño, la orden del Tribunal Civil genera inseguridad jurídica y caos en el mercado, al transmitir canales lineales de TV paga en streaming sin un operador de por medio.

En otro capítulo más de la controversia, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) quiere suspender la medida cautelar que permite Fox a seguir comercializando el servicio de Fox+ con el streaming de canales de televisión de pago. Para la agencia, este lanzamiento podría crear un «caos real en la industria» e incertidumbre legal: los propios operadores de televisión de pago podrían cambiar sus modelos de negocios y comenzar a distribuir sus canales a través de la transmisión.

Si la distribución de canales a través de Internet no es parte del SeAC (Servicio de acceso condicional), esto dejaría espacio para que los operadores escapen de la carga impositiva, ya que los servicios de transmisión solo pagan ISS mientras que la televisión de pago tradicional paga ICMS, PIS, Cofins, FUST y Funtel.

Según TeleSynthesis , la Oficina del Procurador General de Anatel presentó una apelación ante el Tribunal Federal Regional de la 1ra Región, alegando que la orden judicial “trae demasiada incertidumbre legal al sector, lo que demuestra al mercado que el poder de acción de la agencia puede ser fácilmente desestimado en los procedimientos judiciales incluso antes de la manifestación formal de Anatel en los registros”.

Fox ha lanzado su servicio Fox+ desde abril de 2018 para los suscriptores de banda ancha, pero a fines de año comenzó a comercializarlo sin vínculos con los operadores. La app incluye 11 canales de TV en vivo, eventos deportivos en vivo, así como series a pedido, películas y documentales.

Sin embargo, Claro cuestionó que Fox infringió la ley del SeAC que rige el contenido audiovisual, cuya legislación también impide que un distribuidor también haga su propio contenido. Con la medida cautelar emitida en junio, Anatel ordenó a Fox que dejara de vender este servicio, con una multa diaria de R $ 100,000. Pero, la jueza Flávia de Macedo Nolasco otorgó una orden judicial, que no encontró pruebas de que el servicio cause daños graves o sea difícil de reparar.

Si bien muchos sectores reclaman que la ley es obsoleta, la legislación debe ser cumplida hasta que ocurra una eventual modificación de la norma vigente.

Fuente: Newsline Report

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