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Agencias

El traslado de ¢40 mil millones como parte de recursos de Fonatel para recortar la deuda estatal no podría realizarse, de acuerdo con expertos.

El Gobierno tendría que abandonar su idea de trasladar la suma de ¢40 mil millones provenientes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) al Ministerio de Hacienda, con el objetivo de recortar la deuda pública.

Esto porque Fonatel está protegido por la Ley General de Telecomunicaciones y por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos del 2008, impidiendo que sus recursos sean utilizados para fines distintos a los previstos.

Al menos, ese es el parecer de tres expertos en materia de telecomunicaciones consultados por LA REPÚBLICA acerca del proyecto que presentó Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, y que plantea por única vez el uso de superávits de varias instituciones para abonar unos ¢226 mil millones a la deuda.

Además de Fonatel, también se tomaría el dinero de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Costarricense de Turismo y la Junta de Protección Social.

En el caso de Fonatel, los recursos tienen como objetivo universalizar el acceso a las telecomunicaciones -principalmente Internet – para poblaciones vulnerables como albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad, poblaciones indígenas, escuelas y colegios públicos, así como centros de salud públicos.

Actualmente, existen cuatro proyectos de Fonatel en los que se han invertido $125 millones y existen compromisos contractuales hasta el 2027, entre ellos 140 mil familias de escasos recursos a las que se les cancela la mensualidad de Internet para que sus hijos puedan estudiar, así como el pago de este servicio a centros de salud, escuelas, colegios y bibliotecas públicas.

Además, se está a la espera de las especificaciones técnicas del proyecto de la Red Educativa del Bicentenario; que se trabaja junto con los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educación.

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?

El traslado de los recursos de Fonatel sería prohibido debido a que una ley no puede estar por encima de un tratado.

JUAN MANUEL CAMPOS
Socio fundador
Ciberegulación

El proyecto es abiertamente inconstitucional por cuanto lesiona lo negociado por Costa Rica en el TLC con Estados Unidos, así como lo establecido por la Sala Constitucional sobre Internet y las nuevas tecnologías como un derecho humano fundamental.
Por otra parte, estaríamos frente a un impuesto encubierto pagado por todos los usuarios gracias a la mala ejecución de presupuestos del regulador.

VANESSA CASTRO
Presidenta
Cámara de Infocom

La naturaleza del Fondo no es la misma que la de superávits de instituciones públicas: esto no son recursos derivados de una operación que genera ingresos propios, sino de una contribución parafiscal establecida en una ley especial.

Reiteramos que no se trata de un superávit, sino de un fondo cuyos recursos están resguardados en un fideicomiso que está pensado en atender necesidades para cubrir la brecha digital en el país.

GEORGE MILEY
Expresidente
Superintendencia de Telecomunicaciones

Recuerdo que el espíritu del legislador era darle aislamiento económico del Poder Ejecutivo para que los fondos no fueran utilizados en ningún momento como botín político.

No puede verse el dinero de Fonatel como un superávit como tal, ya que su creación y funcionamiento deben siempre nutrirse por los operadores de telecomunicaciones para este mercado; y no para otros fines.

Fuente: La República

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