Declaran legal concurso para red compartida

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Por Víctor Fuentes, Reforma

Un tribunal federal cerró en definitiva el litigio de más de tres años sobre la legalidad del concurso para la Red Compartida de Telecomunicaciones (RCT), ganado en 2016 por la empresa Altán Redes.

El Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones negó el 26 de junio el amparo a la empresa Rivada Networks, que convirtió su inconformidad contra el concurso en un escándalo internacional.

Los magistrados determinaron, por unanimidad, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) actuó legalmente durante el concurso de Asociación Público Privada (APP), que resultó en el compromiso de Altán para invertir 7 mil millones de dólares para el desarrollo de la RCT.

El despliegue de la RCT fue ordenado en la reforma Constitucional de telecomunicaciones de 2013, y en marzo pasado, Altán informó que ya había invertido 26 mil millones de pesos para conectar 32 mil 350 kilómetros de fibra óptica, y tenía 63 clientes que dan servicios de banda ancha móvil y servicio 4.5 G.

Además, Televisa anunció a finales de mayo que su filial Izzi ofrecerá servicios móviles a sus clientes de televisión e internet, gracias a un convenio con Altán para utilizar la RCT.

La Suprema Corte de Justicia ya había negado a Rivada el amparo contra tres artículos de la Ley de APP, pero estaba pendiente que el tribunal colegiado resolviera sobre la legalidad del concurso.

El principal argumento de Rivada era que SCT la descalificó indebidamente del concurso, por haber presentado fuera de tiempo la garantía de seriedad exigida para seguir participando, lo que según la empresa convirtió el proceso en una adjudicación directa de facto en favor de Altán.

«El cumplimiento de los plazos otorga validez al concurso, así como la certeza a todos los participantes de que serán tratados en igualdad de condiciones, por lo que considerar que es posible tolerar su incumplimiento o permitir que un participante cumpla extemporáneamente un requisito como el que nos ocupa, trastocaría el principio de igualdad de condiciones para los demás participantes, máxime que la presentación extemporánea de la garantía de seriedad constituye una deficiencia sustancial de la propuesta», replicó el tribunal.

Rivada también alegaba que solo pasaron tres días entre la emisión de la opinión favorable sobre competencia económica por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y la fecha para presentar ofertas con la garantía de seriedad en el concurso ante SCT.

«Desde la publicación de los calendarios, todos los participantes estaban en condiciones de prever los riesgos y diferentes escenarios que podían derivar de la opinión de competencia, para hacer sus proyecciones y establecer si podían participar en la licitación», afirmaron los magistrados.

En su afán por probar la ilegalidad del concurso, en 2017 Rivada acudió a cortes estadounidenses para interrogar a consultores y ejecutivos de Deloitte y Bank of America-Merrill Lynch, que asesoraron a SCT en el diseño del proyecto.

Fuente: Reforma

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