Agencias
La Comisión Europea ha anunciado el inicio de una consulta pública por la que invita a los Estados Miembros, así como a todos los jugadores del sector de las telecomunicaciones, a que presenten sus opiniones, comentarios y propuestas sobre las actuales normas relacionadas con las ayudas estatales de la UE relativas al apoyo público al despliegue de redes de banda ancha. El objetivo de la iniciativa, que permanecerá abierta hasta el próximo 5 de enero, consiste en determinar si las ayudas puestas en marcha siguen siendo adecuadas o si, por el contrario, requieren una actualización en sintonía con la evolución de la tecnología y el mercado.
El comunicado de la Comisión Europea reproduce la opinión de la vicepresidenta Ejecutiva del Ejecutivo comunitario y responsable de la política de Competencia, Margrethe Vestager, quien destaca la importancia crucial de las redes de alta calidad para llevar a cabo la transformación digital de Europa, así como para contribuir «a una economía social de mercado más competitiva y sostenible».
Las mismas fuentes recuerdan que las normativas sobre las ayudas estatales a la banda ancha, aprobadas en 2013, permiten a los Estados miembros prestar apoyo al despliegue de redes de banda ancha, con sujeción a determinadas condiciones. «En particular, permiten las inversiones públicas cuando existe un fallo de mercado y cuando estas inversiones aportan una mejora significativa al mercado en términos de disponibilidad de servicios, capacidad, velocidades y competencia (cambio de paso)». De este modo -añade la Comisión Europea- «se garantiza que las intervenciones públicas se centren en esferas que de otro modo quedarían rezagadas debido a la ausencia de interés comercial para invertir y que apoyan las tecnologías de vanguardia». Además, las referidas directrices también pretenden «proteger las inversiones privadas, estableciendo que no puede haber intervención pública cuando los operadores privados hayan invertido o tengan previsto invertir de manera creíble y fomentando la competencia leal mediante procedimientos de selección competitivos, la neutralidad tecnológica y los requisitos de acceso abierto en beneficio de todos los ciudadanos y empresas europeos».
En la actualidad, el reglamento exige a los Estados miembros de la obligación de notificar las medidas de ayuda destinadas al despliegue de redes de banda ancha en zonas en las que no exista o no se prevea de manera creíble una infraestructura de la misma categoría en un futuro próximo. Entre otros detalles sobre la consulta pública, «la evaluación comprenderá análisis internos de la Comisión, así como las conclusiones de un estudio preparado por un consultor externo que servirá de base para una futura decisión de la Comisión sobre la necesidad de actualizar las normas actuales».
Entre 2014 y 2019, los Estados miembros gastaron aproximadamente 30.000 millones de euros en financiación pública, de conformidad con las normas sobre ayudas estatales de la UE, para colmar las lagunas de inversión en el despliegue de la infraestructura de banda ancha y alcanzar los objetivos fijados para 2020 por la Agenda Digital para Europa. Como resultado y de acuerdo con la Economía y la Sociedad Digital, según explican fuentes de la Comisión.
Fuente: eE
