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JenTelMx

El Instituto Federal de Telecomunicaciones envió recientemente al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un documento sobre el impacto de los altos costos del espectro radioeléctrico, y la necesidad de reducir los montos de los derechos fijados en la Ley Federal de Derechos (LFD) por el uso de ese bien.

El 8 de septiembre pasado, la SHCP envió al Congreso ‘el Paquete Económico 2021’ que incluye una iniciativa de reforma a la LFD para el ejercicio fiscal 2021. Sin embargo, a diferencia de la propuesta para reducir los montos de los derechos presentada por el IFT, la Secretaría de Hacienda incluyó incrementos de 48% en dos de las bandas móviles (800 y 850 MHz), mantuvo sin cambios (más allá de la inflación) tres de las bandas (AWS, PCS y 2.5 GHz) y propuso valores 186% superiores a los propuestos por el IFT para tres bandas hoy no tasadas en la LFD (600 MHz, Banda L y 3.3 a 3.6 GHz, las cuales son propicias para el despliegue de los nuevos servicios de quinta generación o 5G).

Adicionalmente, la propuesta de la Secretaría de Hacienda consiste en que el 80.5% del valor total de cada banda sea por el  pago de derechos anual y sólo el 19.5% corresponda al pago por el otorgamiento de la concesión (o prórroga), cuando la media internacional resulta en que sólo el 30% del valor total de una banda de espectro radioeléctrico corresponde a los pagos anuales y el 70% restante a la contraprestación por el otorgamiento de la concesión.

Con base en la información presentada por el Instituto a la SHCP, es claro que los montos actuales de los derechos por el uso del espectro son, en promedio, superiores en 60% a la media internacional (con base en una muestra que incluye a 40 países) y que esta diferencia crecería a casi a 70% con los incrementos propuestos por la SHCP, señala un comunicado de IFT.

El IFT ha precisado que los precios altos por el espectro radioeléctrico, junto con el hecho de que la mayor parte corresponda al pago de los derechos anuales contenidos en la LFD, resultan en barreras a la entrada a nuevos competidores en el mercado, desincentivan la participación en nuevos procesos de licitación pública de espectro, promueven la devolución de espectro al Estado (como ya ocurrió con AT&T y con todo el espectro de Telefónica para servicios móviles), ponen en riesgo el despliegue de infraestructura y las inversiones para los nuevos servicios de quinta generación (5G), limitan las mejoras en cobertura y calidad de los servicios y, potencialmente, podrían implicar incrementos en los precios de los servicios para los usuarios.

Es importante destacar que el espectro radioeléctrico es la ‘materia indispensable’ para la prestación del cualquier servicio inalámbrico, por lo que su costo es un factor determinante para incrementar la cobertura y la calidad de los servicios de telefonía y acceso a Internet. Entre 2013 y 2019, el regulador mexicano IFT casi triplicó la asignación de espectro radioeléctrico para servicios móviles y las tarifas de esos servicios se redujeron en un 43%.

El IFT menciona que comprende la necesidad de financiar el gasto público. Sin embargo, expresa su respetuosa preocupación por los efectos de corto y largo plazo en los consumidores y en el desarrollo de un sector que ha demostrado ser clave durante la pandemia y para la posterior recuperación económica, por lo que muestra su absoluta disposición al diálogo franco con autoridades hacendarias y del H. Congreso, para lo cual ha solicitado sendos espacios de interlocución.

 

SRC
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