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Agencias

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aseguró que la empresa aplicó esa subida cuando sólo autorizó incrementos del 5%. También indicó que aplicará sanciones monetarias a la compañía.

El gobierno intimó al grupo Cablevisión a que devuelva el aumento cobrado demás en las últimas dos facturas, cuando aplicó un incremento del 20% y el autorizado fue de 5%, y abrió un sumario para aplicar las sanciones que correspondan.

“Le estamos mandando la intimación a Cablevisión, que fue la empresa que aplicó este aumento, para que no sólo devuelva lo que cobró de más en enero, sino que se abstenga de cobrar febrero hasta tanto refacture y lo haga correctamente con el 5% más la devolución del mes anterior”, indicó el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López.

Desde Cablevisión indicaron que “el aumento informado oportunamente se mantiene vigente”, y explicaron que “la cámara que representa a las empresas del sector, ATVC (Asociación Argentina de Televisión por Cable), ha presentado un recurso administrativo, en defensa de los derechos de sus empresas asociadas”.

“Cualquier novedad se informará a los clientes por los canales habituales y de corresponder se realizarán los ajustes pertinentes”, indicaron las fuentes de la empresa.

Por su parte, López remarcó que “hay un DNU, el 690/2020, aprobado por el Congreso que establece que estos servicios son públicos y esenciales, y determina que hay una Prestación Básica Universal (PBU)”, y subrayó que “a partir de ese momento es el Estado, a través del Enacom, el que fija la posibilidad de un aumento y de cuánto”.

Además, puso de relieve que “hay un fallo de la Justicia de la ciudad de Mar del Plata que ya le indica a Cablevisión el mes pasado que tenía que devolver el dinero”, y señaló que “sin embargo, como si fueran los dueños de la Argentina, no solo no lo hacen, sino que desafían la ley, la autoridad y al fallo del Poder Judicial cobrando un aumento”.

El vicepresidente del Enacom insistió con que el cobro por encima del 5% “es ilegal”, y denunció que “lo que están haciendo está por fuera de la ley”.

En este marco, aseguró que “se aplicarán las sanciones más duras que se puedan aplicar”, y precisó que éstas “son monetarias”.

Subrayó que “habrá nuevas sanciones para quienes no habiliten la PBU”, y puntualizó que “parece que hay un grupo de empresas que está por encima del Estado, de la ley, de los ciudadanos, de la Constitución y que cree que son ellas las que fijan las reglas”.

“Es el Estado el que fija las reglas a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El decreto 690 fue ratificado por el Congreso y también por el Poder Judicial”, señaló el funcionario.

A mediados de diciembre último, el gobierno anunció la puesta en vigencia desde el 1 de enero de una PBU para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet y tv por suscripción con un precio a partir de 150 pesos. En esa oportunidad también precisó que los incrementos autorizados serían entre 5% y 8% para las tarifas de estos servicios a partir del primer mes de 2021.

Estos anuncios se plasmaron en las resoluciones 1466/2020 y 1467/2020 del Enacom publicadas el 21 de diciembre.

En la resolución que autorizó el aumento, se precisó que para las empresas de estos servicios públicos en general, sería de hasta 5% para enero próximo. Pero para el caso de los licenciatarios que posean menos de 100.000 accesos y que no hubieran aumentado sus precios en cualquiera de sus planes y servicios durante 2020, podrían hacerlo hasta un 8%.

Para establecer los porcentajes aprobados, se deberían tomar como referencia los precios vigentes al 31 de julio 2020.

Fuente: La Capital

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