Compartir

JenTelMx

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España, ha iniciado una consulta pública para recabar la opinión del sector sobre su propuesta de Comunicación en materia de resolución de conflictos de acceso a infraestructuras físicas.

El Real Decreto sobre el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas, relativo a las medidas para reducir el costo de despliegue de las redes de alta capacidad, extiende a todo tipo de agentes económicos la obligación de dar acceso a la infraestructura física de su titularidad (esto es, elementos como tuberías, mástiles, conductos o postes) que resulte apta para albergar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Por tanto, no sólo los operadores de telecomunicaciones, sino también los operadores de gas, electricidad, calefacción o agua; las empresas que proporcionan infraestructuras físicas destinadas a prestar servicios de transporte (como por ejemplo los ferrocarriles, las carreteras, los puertos y los aeropuertos); o las administraciones públicas, están obligados a facilitar el acceso a sus conductos, bajo condiciones y precios razonables.

El Real Decreto atribuye a la CNMC la función de resolver los conflictos que se puedan plantear entre los operadores en materia de acceso a las infraestructuras físicas.

La CNMC a la fecha ha resuelto 26 conflictos en este ámbito.

La Consulta que publica la CNMC tiene una finalidad orientativa del contenido de la normativa y de la práctica administrativa de la CNMC en la materia, abordando cuestiones como:

  • Definiciones, donde se analiza qué elementos son susceptibles de constituir una infraestructura física a los efectos de la normativa (y por consiguiente pueden ser objeto de solicitudes de acceso); qué redes pueden considerarse redes de comunicaciones de alta velocidad; o quiénes son los sujetos obligados a dar acceso a su infraestructura.
  • El procedimiento conforme al cual los operadores de telecomunicaciones pueden solicitar información relativa a infraestructuras físicas, así como llevar a cabo estudios sobre el terreno.
  • Los cauces que regulan el derecho de acceso a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

Los criterios que determinan los precios que pueden exigirse a los operadores de telecomunicaciones por el ejercicio del derecho de acceso.

Esta actuación, da respuesta a las propuestas de acción de la Comisión Europea, a que las autoridades de regulación “pueden elaborar directrices, indicando qué metodología conviene utilizar en la resolución de controversias, cómo han de distribuirse los costos derivados de compartir la infraestructura o del codespliegue y qué ahorros o beneficios puede entrañar la colaboración para las empresas reguladas de servicios”, para facilitar la consecución de los objetivos de reducción de los costos del despliegue en el acceso a infraestructuras.

Los interesados disponen del plazo de veinte días para formular las observaciones que estimen oportunas.

Compartir