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Por José Soto Galindo, El Economista

El Inai, el instituto público para la protección de datos personales en México, tiene frente a sí uno de sus mayores desafíos desde que fue creado: combatir jurídicamente la reforma legislativa que obliga a crear un repositorio con los datos biométricos de todos los usuarios y titulares de líneas telefónicas móviles.

El Inai está obligado a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra la reforma aprobada por Morena y sus aliados. La reforma entró en vigor el sábado 17 de abril, tras su publicación el viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir de esa fecha el Inai tiene 30 días para justificar su existencia: la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos en México.

Es indispensable que el Inai acuda a la Corte, aunque en la Corte cualquier asunto sea como tirar una moneda al aire. Si el órgano responsable de la protección de datos personales no se pronuncia, cuando los ciudadanos quieran actuar por su propia cuenta, por la vía del amparo indirecto, los jueces de control podrían interpretar el silencio del Inai como un mensaje de irrelevancia y de aprobación de los cambios legislativos. Y nos encontramos ante todo lo contrario: la reforma es una aberración que dará al Gobierno un poder inaudito sobre la vida privada de los ciudadanos y que construye un repositorio con datos de altísima sensibilidad y bastante atractivo para los criminales.

No será una tarea sencilla, pero nadie dijo que el Inai debía dedicarse sólo a lo fácilmente alcanzable. La dificultad no radica en la búsqueda de argumentos jurídicos contra la reforma, de esos hay de sobra, sino en la integridad ética y en la solidez de los ideales de los comisionados del Inai, comenzando por su presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

El contexto social y político en el que debe actuar el Inai es de pesadilla: el presidente López Obrador y sus aliados han creado un ambiente de amedrentamiento y captura de las instituciones de defensa de los ciudadanos y de la democracia que reta la integridad de cualquiera.

Las señales son muchas:

1. El presidente y sus aliados quieren la cabeza del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien tramitó las legítimas solicitudes de amparo de quienes se sienten afectados por las reformas a la ley eléctrica. Una advertencia indirecta desde el Poder Ejecutivo federal contra todos los jueces en el país.

2. El presidente y sus aliados torcieron el espíritu del Tribunal Electoral para obligarlo a emitir resoluciones mágicas, imposibles, de la mano del magistrado presidente José Luis Vargas Valdez, que beneficien al grupo político en el poder.

3. El presidente y sus aliados mantienen una campaña política contra el Instituto Nacional Electoral (INE), en particular contra su consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, insertando al instituto en una falsa disyuntiva entre pueblo bueno, pobre y marginado contra minoría de élite, racista y rapaz.

4. El presidente y sus aliados han creado una nube de descrédito sobre el máximo tribunal constitucional del país, la Suprema Corte, extendiendo sospechosamente el periodo presidencial del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

5. El presidente y sus aliados tienen anulado al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desde el interinato de Adolfo Cuevas Teja como presidente y las amenazas de disolver el organismo y fundir sus tareas en una oficina dependiente de la Presidencia de la República.

La captura política de las instituciones públicas no se produce sólo con su abordaje pirata, aunque sea legal (los corsarios tenían, justo, la patente de corso que justificaba sus atrocidades), sino también con su anulación a partir de amenazas, amedrentamiento y descrédito. ¿Quién querría enfrentarse a esa hidra autoritaria?

Los comisionados del Inai no tienen opción: están obligados a enfrentar al demonio. Es ahora cuando deben hacer acopio de integridad y defender a los ciudadanos mexicanos contra la aberración aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión y que produce un riesgo de dimensiones incalculables contra todos los usuarios y titulares de las 126 millones de líneas telefónicas móviles activas en México. ¿Estarán a la altura?

Fuente: El Economista

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