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Agencias

El Parlamento Europeo cree que la Unión Europea (UE) pierde un 13,7% en el tipo impositivo de las compañías tecnológicas. La Eurocámara asegura que «las empresas digitales son gravadas con un tipo impositivo efectivo de solo el 9,5%, en comparación con el 23,2% de los modelos de negocio tradicionales». Así lo apunta en su último informe sobre la implantación del Impuesto sobre los Servicios Digitales (ISD), conocido como tasa Google.

El documento sostiene que «ambos modelos se benefician de factores locales no económicos como las infraestructuras y la disponibilidad de trabajadores altamente cualificados». A su juicio, «numerosas empresas multinacionales especializadas en servicios digitales continúan generando beneficios a pesar de la recesión general, ha generado una amplia demanda del público y de las propias empresas para garantizar la igualdad de condiciones y una contribución justa a la recuperación social y económica».

La Eurocámara impulsa de nuevo la creación a nivel europeo de la tasa Google con este informe y pide alcanzar el consenso internacional para su implantación. Tal y como apuntó eE el sábado, el proyecto fiscal del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acelera la creación de este impuesto a las tecnológicas. El plan cuenta con el apoyo de las grandes empresas americanas. La Chamber of Progress, el lobby estadounidense creado por Amazon, Facebook, Twitter, Uber, Lime, Grubhub o Google, defendió el pasado 15 de abril la necesidad de este impuesto para financiar el plan de infraestructuras del presidente Biden.

«Los actuales regímenes impositivos internacionales se diseñaron en el siglo XX, basándolos en el criterio de la presencia física de la empresa y en el del capital y los ingresos, lo que permitía definir un nexo fiscal claro y seguro», afirma Francisco Pérez Bes, socio de Derecho digital en Ecix Group. «Sin embargo es de vital importancia garantizar que las grandes empresas y con un alto nivel de digitalización contribuyan equitativamente a la sociedad, dentro de esta Unión digital de la que formamos parte», añade el especialista.

«La economía digital se está convirtiendo en la propia economía, lo que nos exige un sistema fiscal preparado para este nuevo escenario, que grave la actividad digital de las empresas, incluso allí donde no tengan presencia física. Esto hará necesario encontrar soluciones multilaterales para reformar el actual sistema tributario con el fin de garantizar que la economía digital contribuye con el pago de impuestos, y su tributación permite distribuir de forma justa el valor en los países en los que se crea», destaca Francisco Pérez Bes.

El ‘lobby’ digital americano da el visto bueno a esta medida para pagar infraestructuras

Ante la imposibilidad de la Eurocámara de sacar adelante el impuesto en 2018, algunos Estados miembros, entre ellos España, decidieron introducir unilateralmente el impuesto. La situación provocó tensiones con la Administración del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La situación provocó un aumento de los litigios comerciales internacionales, que afectaron tanto a las empresas digitales como a las no digitales dentro del mercado único.

Las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que paralizó la creación de este impuesto «global» hasta este año, fueron las de esperar al consenso internacional. Ángel Gurría, secretario general de la organización, aseguró que sin una solución global, hay un «riesgo real» de que los países se embarquen en adoptar medidas «sin coordinación y unilaterales», como ha hecho España. A juicio de Gurría, esto es «un fracaso amenazaría con que las guerras fiscales deriven en guerras comerciales en un momento en que la economía global está sufriendo enormemente».

Recomendaciones de la OCDE

Con Joe Biden al frente de Estados Unidos, la Eurocámara retoma la tramitación. La estrategia europea recoge ahora las recomendaciones de la OCDE y apuesta hacia un diálogo político de alto nivel que permita desplegar soluciones coordinadas para gravar la economía digital y que sea acorde con los principios comunes del Derecho de la Unión y permita una competencia leal. A estos efectos, la Comisión Europea se había comprometido a elaborar una propuesta legislativa sobre un impuesto digital europeo antes de junio de 2021. Y aunque el impacto del Covid pueda retrasar su presentación, la fiscalidad digital sigue en la agenda comunitaria.

Según los cálculos de la OCDE, su propuesta elevará los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades a nivel mundial en entre 50.000 y 80.000 millones de dólares (42.283 y 67.654 millones de euros). Si se tiene en cuenta el efecto conjunto de las propuestas con un plan fiscal paralelo de EEUU, los ingresos tributarios se podrían elevar hasta en 100.000 millones de dólares (84.567 millones de euros) al año.

El Gobierno deja abierto a cambios estos nuevos tributos

La normativa publicada en el BOE establece que la tasa Google gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Aunque Hacienda tenía prevista con esta tasa una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros (antes de la pandemia), posteriormente la rebajó a 968 millones. La OCDE criticó el peligro de la decisión unilateral de España al implantarlas. Por su parte, con la tasa Tobin, el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones. No se gravará la compra de acciones de pymes y no cotizadas.

Fuente: eE

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