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Agencias

Estados Unidos impondrá tarifas adicionales a productos procedentes de seis países, entre ellos España, en respuesta a los impuestos adoptados por cada uno de ellos contra compañías tecnológicas estadounidenses como Amazon o Facebook. La aplicación de la carga, no obstante, quedará en suspenso durante seis meses a la espera de que las negociaciones en curso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G-20 alcancen una resolución global al respecto. El anuncio fue bien recibido por fuentes del Ministerio de Hacienda de España como un signo de la voluntad de EE.UU. “de alcanzar un pacto sobre fiscalidad internacional” y un buen paso hacia la cooperación fiscal que salve las diferencias sobre la denominada tasa Google.

Si no hay acuerdo en 180 días en los citados foros, España, Reino Unido, Austria, India, Italia y Turquía serán objeto de esos aranceles, “justificados” por la imposición de tasas a servicios digitales, según un comunicado del departamento de Comercio estadounidense. Así, importaciones de bienes cuyo volumen ascendió a más de 2000 millones de dólares en 2019, de calzado italiano a alfombras turcas, podrían sufrir aranceles adicionales del 25%, han explicado fuentes de Comercio citadas por la agencia Bloomberg.

La suspensión recuerda el periodo de espera de cuatro meses que se dieron a principios de marzo Washington y Bruselas para resolver sus diferencias en el contencioso Boeing-Airbus, salvo que en este caso el ámbito de negociación no es bilateral, sino global.

La titular de Comercio, Katherine Tai, ha asegurado que EE.UU. prefiere centrarse ahora en “encontrar una solución multilateral a una gama de asuntos clave relativos a la fiscalidad internacional, incluida nuestra preocupación por los impuestos a los servicios digitales” de gigantes como Amazon.com Inc. y Facebook Inc., la denominación que adoptan en sus operaciones internacionales. Los grandes de Silicon Valley se sirven en general de sus estructuras en otros países para reducir, de forma legal, su factura fiscal.

La Administración de Joe Biden viene haciendo especial hincapié en la armonización fiscal de los países desarrollados, con propuestas como una tasa corporativa global del 15% formulada ante la OCDE, ya que, de hecho, es una de las iniciativas en las que el organismo multilateral lleva tiempo trabajando. La homologación fiscal internacional guarda relación directa también con el intento de la Casa Blanca de elevar el impuesto de sociedades en EE UU del 21% actual al 28%, para financiar parte del ambicioso plan de infraestructuras de la Administración demócrata. Lo que Washington pretende en última instancia es acabar con la carrera a la baja registrada en los últimos 30 años, que ha permitido a muchas empresas estadounidenses —con las tecnológicas a la cabeza— tributar en países, como Irlanda, mucho más amables fiscalmente hablando. Irlanda impone una tasa corporativa del 12,5%, frente al 21% de promedio del entorno europeo.

“Estados Unidos mantiene su compromiso de alcanzar un consenso sobre cuestiones tributarias internacionales a través de los procesos [en curso] de la OCDE y el G-20. Las acciones [el anuncio de suspensión] brindan tiempo para que esas negociaciones continúen progresando mientras se mantiene la opción de imponer aranceles en virtud de la Sección 301 si se justifica en el futuro”, ha añadido la secretaria de Comercio, en referencia a la legislación que contempla las prácticas comerciales desleales por parte de otros países.

La OCDE espera alcanzar un acuerdo global de principio sobre la “nueva arquitectura global impositiva” —en definición de la Casa Blanca— en la cumbre del G-20 de Finanzas, prevista para los días 9 y 10 de julio, como paso previo para concretar el mecanismo definitivo en una reunión final en octubre. La iniciativa cuenta con el respaldo español. Fuentes de Hacienda han dicho que “España siempre ha defendido que si se alcanza un acuerdo a nivel global adecuará sus impuestos internos al nuevo orden internacional”, y han subrayado la lucha de años “contra las estrategias fiscales abusivas, por establecer una tributación justa sobre el sector tecnológico y lograr que se paguen impuestos allí donde se genera el valor”, una alusión dirigida especialmente contra las tecnológicas.

A mediados de enero, pocos días antes del relevo en la Casa Blanca, Washington había advertido a España que contemplaba todas las opciones en respuesta a la tasa Google, al considerar que el gravamen discrimina a sus empresas, es incompatible con los principios vigentes de la fiscalidad internacional y restringe su comercio. El aviso se producía días antes también de que entrara en vigor en España. Idéntica advertencia recibieron los otros cinco países que figuran en el anuncio hecho público por el Departamento de Comercio estadounidense este miércoles. Bruselas secundó en enero las medidas adoptadas por España, asegurando que está dispuesta a avanzar en el diseño de una tasa Google comunitaria, si bien cedía a la OCDE el protagonismo en la creación de una global.

Francia, que no figura en el listado, es junto con España uno de los países que más ha presionado para que las grandes tecnológicas paguen en las jurisdicciones donde obtienen sus beneficios, aunque no tengan presencia física en ellos. Actualmente, estos gigantes operan en el mercado europeo, pero apenas contribuyen a sus arcas públicas.

El Gobierno español prevé recaudar 968 millones de euros gracias a la tasa Google, que gravará los servicios de publicidad por internet, intermediación en línea y venta de datos generados gracias a información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Fuente: La Nación

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