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Agencias

Mientras el sector privado entiende que evitaría el avance tecnológico de la Isla, líderes gubernamentales defienden que los permisos están por la libre

Ante la posible aprobación de un proyecto en la Asamblea Legislativa para regular la construcción, instalación y ubicación de las torres de telecomunicación, representantes de la industria en la Isla entienden que la medida podría trastocar el avance tecnológico y la millonaria inversión para robustecer el ofrecimiento de banda ancha y telefonía 5G.

A finales del pasado mes de abril, los representantes Denis Márquez Lebrón del Partido Independentista Puertorriqueño, Jesús Santa Rodríguez del Partido Popular Democrático y Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana, presentaron un proyecto —a petición del Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas— para la creación de la Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico. En el Senado, fue presentado por la senadora María de Lourdes Santiago, del PIP.

La medida —que será atendida en la próxima sesión legislativa— podría derogar la legislación existente y establecer nuevos parámetros y distancias para la construcción de las torres en las que se instalen transmisores de radiofrecuencias o antenas, y también disponer los requisitos de anclaje y diseño. También, ordenaría establecer un sistema de uso integrado y requeriría la notificación a los colindantes en cumplimiento con las disposiciones de ley.

Luis Romero Font, presidente de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones —entidad que agrupa a los principales proveedores de internet, televisión y telefonía de la Isla— señaló a EL VOCERO que “el proyecto pondría un paro al desarrollo de las tecnologías, ocasionando que Puerto Rico se quede atrás en comparación con otros países que están implementando el 5G”.

“Los sistemas son complejos y diferentes, por lo que tratar de agruparlos todos en una sola torre no es viable. Este proyecto básicamente nos dejaría atrás porque la permisología que este proyecto busca impide el avance. Esto también limitaría el servicio a San Juan y algunas áreas donde ya existen torres”, aseguró Romero.

Limitación al servicio

El ejecutivo sostuvo, además, que los ciudadanos que residen en las áreas rurales se verían imposibilitados de obtener un buen servicio de telecomunicación si se aprueba la medida. “Los más afectados serán los que viven en áreas rurales, remotas, donde únicamente se puede llevar servicio por radio”, alertó.

Romero expuso que resultaría “sumamente caro” llevar servicio mediante cable a estas áreas —hasta $100,000 para un solo hogar”— por lo que las compañías proveerán solo lo que les permitan.

Asimismo, explicó que ante el aumento en la demanda y la limitación en la oferta, podría producirse un aumento en el precio.

Discordancia con leyes federales

El presidente de la Alianza defendió que la medida propuesta no va acorde con las leyes y los reglamentos del gobierno federal para los estados y territorios en cuanto a licenciamiento y construcción de los sistemas de radiofrecuencia.

Recalcó que “va en conflicto con campos ocupados a nivel federal”, por lo que lo considera innecesario.

“Estos proyectos surgen en ocasiones de deseos bien intencionados, pero a veces por pura ignorancia. El gobierno federal ha dado paso a reglamentaciones y leyes para prevenir que los estados y territorios se excedan con reglamentos innecesarios que prohíban la construcción de la nueva generación de sistema de radios o 5G, que nos permitiría ampliar el ancho de banda”, enfatizó.

Urge avanzar con el 5G

Romero manifestó que urge avanzar con el 5G para ampliar el ancho de banda tras el dramático aumento en el consumo de data e internet que se generó a consecuencia de la pandemia de coronavirus y que se sostiene.

Por ejemplo, durante la cuarentena, T-Mobile registró un incremento aproximado de 20% en el consumo de data, mientras que en Claro la demanda por internet móvil y fijo creció lo que crecería en tres meses bajo condiciones normales.

Ante las posibles limitaciones, el presidente de la Alianza aseguró que el proyecto de ley dejaría en jaque a una industria que genera sobre 9,000 empleos directos, más de $4,000 millones anuales en ingresos y que ha invertido miles de millones de dólares en los últimos años para robustecer y aumentar la capacidad de las redes.

Para contextualizar, el presidente y principal oficial ejecutivo de Claro en Puerto Rico, Enrique Ortiz de Montellano, señaló a EL VOCERO que en el caso de su empresa, han invertido sobre $1,400 millones durante los pasados seis años para expandir la cobertura de la red. Para este año, la inversión será de $182 millones, adelantó.

“Las torres de comunicación facilitan que los avances en la tecnología —como la expansión de cobertura 5G— lleguen a todos los rincones en Puerto Rico. Un país bien conectado, con infraestructura de avanzada, progresa porque tiene la capacidad de atraer nuevas industrias y crear empleos”, afirmó Ortiz.

Por su lado, Wanda Pérez, asesora legal de asuntos gubernamentales de Liberty Puerto Rico, coincidió en que la medida puede tener un impacto negativo sobre el desarrollo de la infraestructura y la disponibilidad de los servicios, que limitaría el desarrollo económico de la Isla.

“Nos preocupa que se imposibilitará la construcción de las torres de telecomunicación y las inversiones de infraestructura previstas. Este también podría impactar las inversiones de capital de los proveedores de telecomunicación inalámbrica para continuar mejorando los servicios en Puerto Rico. Exhortamos a la Cámara de Representantes a no avalar este proyecto”, reclamó Pérez.

Defienden la medida

El representante independentista, Denis Márquez, expresó que la legislación propuesta es necesaria ante la “proliferación y laxitud del gobierno en la aprobación para la construcción de las torres cercanas a las comunidades, residencias y cascos urbanos”. Aseguró que en la Isla existen sobre 2,000 torres de telecomunicación.

“Este proyecto lo que busca es mayor participación de las comunidades en el proceso para los permisos, protegerlas de estas construcciones, ampliar las distancias y las obligaciones de la Oficina de Gerencia de Permisos, que han sido cómplices de la proliferación de estas antenas. Sí se pueden construir, pero enmarcadas en unas protecciones más amplias”, aseguró Márquez.

Ante las preocupaciones de la industria, el representante sostuvo que el argumento económico de las empresas no puede ir sobre la protección de la salud y de las comunidades.

Por su parte, el representante popular y coautor del proyecto, Jesús Santa, explicó que apoya la medida porque en el barrio Jaguas de Gurabo —parte de su distrito representativo— se estaba construyendo una torre cuya altura ponía en riesgo a la comunidad por no guardar la distancia necesaria.

Puntualizó que a pesar de incumplir con los requisitos, se aprobó el permiso para la construcción.

“Si tienen 100 pies de altura, debían tener 100 pies más un 10% de espacio por si cae, no se afecten otras estructuras. Cuando examinamos el permiso, se concedió el 23 de octubre de 2017, un mes después del huracán María. Mientras el país seguía sin luz y estábamos casi sin gobierno, alguien concedió el permiso de construcción para esto. Es absurdo, no puede ser así a lo loco”, enfatizó.

Mientras que Wilson Rivera, portavoz del Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas, señaló que llevan desde el 2006 intentando que se establezca política pública que proteja a las comunidades de estas construcciones.

“Hay un patrón de marginarnos, de las empresas llegar a comunidades pobres con permisos para la construcción de torres que evidentemente no cumplen y las ponen en riesgo”, indicó.

“En lugar de una vista pública tenemos que ir al tribunal a defender nuestros derechos. El 86.7% de las torres de telecomunicación están ubicadas en comunidades pobres que no tienen los recursos necesarios para meterse en esa carrera legal. Lo hemos tenido que hacer con tres casos en el Tribunal Supremo, unos cuantos en el Apelativo y un montón en Primera Instancia”, puntualizó Rivera.

Fuente: El Vocero

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