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Los operadores de telecomunicaciones en América Latina y el Caribe afrontan un contexto regulatorio complejo a la hora de desplegar la infraestructura necesaria para mantener la operación de sus servicios, según muestra una infografía elaborada por 5G Americas. Para el emplazamiento de sus redes, las compañías del sector deben obtener permisos y autorizaciones de diversas entidades y agencias a distintos niveles de Gobierno, incluso a nivel municipal en el cual se observa una importante fragmentación y heterogeneidad en cuanto a requisitos, plazos y mecanismos de proceso. Todo lo anterior resulta en demoras y encarecimiento en las obras necesarias para ampliar y mantener la calidad de los servicios prestados por los operadores.

“La complejidad y heterogeneidad normativa que ha existido por años para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones se vuelve más preocupante, si consideramos que la evolución tecnológica y avance de la 4G, y el inminente despegue de 5G en la región requerirán de enormes esfuerzos e inversiones por parte de los operadores de telecomunicaciones. Es necesario seguir revisando y disminuir los obstáculos para evitar el rezago de la región en el acceso a las tecnologías más recientes”, indicó José Otero, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

Además del impacto en el servicio brindado a la población, está burocracia y fragmentación incrementa los costos e incluso puede derivar en sanciones de las autoridades de Gobierno por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en sus concesiones de servicio, encareciendo aún más la operación.

Esta situación se observa particularmente crítica considerando que con la evolución de 4G y 5G, se van a necesitar para el año 2030 entre 2 y 3 veces más de los sitios de macroceldas que existían en operación para el año 2018, de acuerdo con cifras recogidas en el reporte “Infraestructura en Telecomunicaciones: Regulación Comparada en América Latina y el Caribe”, publicado en agosto de 2022. Pero además, se necesitará también el despliegue de celdas pequeñas (small cells), que podrían superar los 5 millones de unidades desplegadas en todo el mundo para 2025, de acuerdo con cifras publicadas en un documento publicado por 5G Americas y el Small Cell Forum (SCF) en 2018.

Algunos gobiernos de la región han tomado dimensión de esta problemática y de su impacto en los servicios de telecomunicaciones, y han orientado esfuerzos en intentar reducir la complejidad y/o establecer criterios uniformes para disminuir estos obstáculos. Algunos ejemplos de ello son las llamadas “Ley de Antenas” o Ley de Torres” en Brasil, Chile y Perú; o modelos y recomendaciones para los municipios, como la Ordenanza Modelo de Argentina, o la regulación estándar que la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) desarrolló para homogeneizar los requisitos municipales en El Salvador, entre otros ejemplos. En México, por caso, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), publicada en 2014, establece la prohibición de imponer contraprestaciones económicas adicionales a las pactadas con los propietarios de inmuebles para instalación de infraestructuras, y se otorgó competencia a tribunales especializados para dirimir conflictos entre concesionarios y la federación, las entidades federativas y municipios.

Estos casos y otros, analizados en el reporte “Infraestructura en Telecomunicaciones: Regulación Comparada en América Latina y el Caribe” dejan ver que la problemática es reconocida no sólo por la industria, sino también por reguladores, gobiernos y otros actores del sector.

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