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Por Antonio Lorenzo, eE

Telefónica ha provisionado en Brasil un total de 785 millones de euros por unas contingencias tributarias y regulatorias que podrían ascender a un importe casi cuatro veces mayor, de 3.000 millones de euros. De la suma destinada en reservas, 420 millones de euros corresponden a riesgos fiscales y los 365 millones restantes cubrirían las posibles incertidumbres de ámbito legal en aquel país.

Según se desprende del informe de Estados Financieros Intermedios, correspondiente al primer semestre de 2022, Telefónica incluye entre sus riesgos financieros este tipo de pleitos pendientes, cuyo importe acumulado preciso asciende a 19.164 millones de reales brasileños, incluyendo intereses y sanciones, equivalente a 3.032 millones de euros a tipo de cambio de finales de 2021.

La mayor preocupación de la teleco se centra en los contenciosos relacionados con el pago de los tributos directos e indirectos (incluyendo los procedentes de GVT) correspondientes a las impugnaciones por el pago de la carga estatal ICMS, un impuesto indirecto que grava los servicios de telecomunicaciones, similar al IVA español. En concreto, en la actualidad se encuentra en tela de juicio el cobro del valor añadido sobre «las penalizaciones de incumplimiento de los clientes, servicios de publicidad por Internet, así como los relacionados con los servicios complementarios o accesorios al servicio de telecomunicaciones básico tales como servicios de valor añadido o alquiler de módems, y la aplicación de este impuesto sobre la cuota básica», según detalla la propia teleco.

Respecto a la tasa de la cuota básica, Telefónica reconocía en el documento actualizado en diciembre de 2021 que «continuaba pendiente la decisión judicial del Tribunal Supremo sobre un caso de la compañía Oi (operador ahora repartido entre Telefónica, Telecom Italia y América Móvil) que podría afectar a otras compañías del sector de telecomunicaciones». Según argumentó la teleco en su informe de finales de 2021, «existe una discusión con la Hacienda Pública brasileña en relación con los servicios que deben ser objeto de liquidación de dicho tributo (ICMS)». No obstante, Telefónica Brasil cuenta con informes externos que apoyan su posición, es decir, «que los referidos servicios no se encuentran sujetos al ICMS».

Aunque el Grupo Telefónica considera que sus estimaciones fiscales son razonables, en el caso de que una autoridad tributaria mostrara sus discrepancias, la compañía «podría enfrentarse a una responsabilidad fiscal adicional, incluyendo intereses y sanciones». Ante esa incertidumbre, como es preceptivo en los informes sobre riesgos latentes relacionados con el negocio, el operador advierte de que «no puede haber garantías de que el pago de dichos importes adicionales no tenga un efecto adverso importante en los negocios del Grupo, los resultados, la situación financiera y los flujos de caja».

Fuente: eE

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