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Este 21 de septiembre entró en vigor la Ley Europea de Chips. Esta ley establece un conjunto global de medidas para garantizar la seguridad del suministro, la resiliencia y el liderazgo tecnológico de la Unión Europea (UE) en las tecnologías y aplicaciones de semiconductores.
Concretamente, la Ley Europea de Chips fortalecerá las actividades de fabricación en la Unión Europea, estimulará el ecosistema de diseño europeo y apoyará la ampliación y la innovación en toda la cadena de valor. A través de esta ley, la UE pretende alcanzar su objetivo de duplicar su actual cuota de mercado mundial hasta el 20% en 2030.
Los tres pilares de la Ley Europea de Chips
La Ley Europea de Chips consta de tres pilares principales.
El primer pilar, la iniciativa Chips para Europa, refuerza el liderazgo tecnológico de Europa al facilitar la transferencia de conocimientos del laboratorio a la fábrica, reducir la brecha entre la investigación y la innovación y las actividades industriales, y fomentar la industrialización de las tecnologías innovadoras por parte de las empresas europeas. La ejecución de la iniciativa Chips para Europa corresponderá principalmente a la Empresa Común para los Chips.
La iniciativa contará con un presupuesto de 3 300 millones de euros de fondos de la UE, que se espera complementar con fondos de los Estados miembros. Esta inversión servirá, en concreto, para apoyar actividades como la creación de líneas piloto de producción avanzadas para acelerar la innovación y el desarrollo tecnológico, el desarrollo de una plataforma de diseño basada en la nube, el establecimiento de centros de competencia, el desarrollo de chips cuánticos y la creación de un Fondo de Chips para facilitar el acceso a la financiación mediante deuda y al capital.
El segundo pilar de la Ley Europea de Chips incentiva las inversiones públicas y privadas en instalaciones manufactureras para los fabricantes de chips y sus proveedores.
El segundo pilar crea un marco para garantizar la seguridad del suministro atrayendo inversiones y mejorando las capacidades de producción en materia de fabricación de semiconductores. A tal fin, establece un marco para las instalaciones de producción integrada y las fundiciones abiertas de la UE que sean «pioneras» en la Unión y contribuyan a la seguridad del suministro y a un ecosistema resiliente en interés de la Unión. La Comisión ya indicó en la propuesta de Ley de Chips que podrían asignarse ayudas estatales a las instalaciones pioneras, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Mediante su tercer pilar, la Ley Europea de Chips ha creado un mecanismo de coordinación entre los Estados miembros y la Comisión para reforzar la colaboración con los Estados miembros y entre ellos, supervisar la oferta de semiconductores, calcular la demanda, adelantarse a posibles penurias y, en caso necesario, activar una fase de crisis. Como primer paso, el 18 de abril de 2023 se creó un sistema de alerta de semiconductores que permite a cualquier parte interesada notificar perturbaciones de la cadena de suministro de semiconductores.
Entrada en vigor del Reglamento sobre la Empresa Común de Chips
Además, ha entrado en vigor el Reglamento sobre la Empresa Común de Chips (JU), que permite iniciar la aplicación de la mayor parte de la Iniciativa Chips para Europa. Asimismo, el Fondo de Chips también iniciará sus actividades. Con la entrada en vigor de la Ley de Chips, también comenzará formalmente el trabajo de la recién creada Junta Europea de Semiconductores, que será la plataforma clave para la coordinación entre la Comisión Europea, los Estados miembros y las partes interesadas.
En el marco del segundo pilar, la industria podrá solicitar instalaciones planificadas para obtener el estatus de instalación de producción integrada (IPF) o fundición abierta de la UE (OEF). Este estatus permitirá que estas instalaciones se establezcan y funcionen dentro de la Unión Europea, permitiendo así un enfoque simplificado para las solicitudes administrativas y la concesión de permisos. Este estatus también exigirá que estas instalaciones cumplan criterios que garanticen su contribución a los objetivos de la UE y su fiabilidad como proveedores de chips en tiempos de crisis.