Por Antonio Lorenzo, eE
- Planea convertir sus derivados en acciones para alcanzar el 9,9% en la española
- Moncloa deberá autorizar, rechazar o condicionar la oferta durante la primera semana de enero
- Yolanda Díaz no pondrá fácil a Pedro Sánchez una posible ‘luz verde’ total al grupo árabe
Saudi Telecom (STC) tiene previsto notificar al Gobierno en los próximos días, posiblemente esta semana, su firme intención de controlar el 9,9% de Telefónica. Con ese formalismo, la compañía que dirige Olayan Alwetaid avanza en su empeño por reforzar sus negocios en España y Latinoamérica de la mano de un líder en ambos mercados.
Para llevarlo a cabo, STC necesita que el Ejecutivo conceda luz verde a su plan de convertir en acciones con plenos derechos de voto sus actuales instrumentos financieros, unos derivados equivalentes al 5% del capital de Telefónica, ahora en manos de Morgan Stanley, para así sumar dicho porcentaje con el 4,9% ya adquirido.
Con este movimiento, esperado desde hace varias semanas en el sector, se pone en marcha un reloj de tres meses, plazo que obliga a Moncloa para autorizar, rechazar o condicionar la oferta saudí. Por lo tanto, se espera la resolución de la incógnita durante la primera semana de enero de 2024.
Este interés de STC por mantener su oferta en Telefónica también pone en un brete al Gobierno provisional en un momento políticamente inoportuno. De hecho, Pedro Sánchez intensificará estos días los encuentros con los diferentes grupos parlamentarios, con vista a su próxima sesión de investidura como presidente del Gobierno.
En cualquier caso, no parece que el asunto genere especiales fricciones políticas, salvo en el caso de su socio Sumar. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y fundadora del partido Movimiento Sumar, ya ha mostrado su rechazo frontal a las intenciones de STC de gobernar una teleco con actividades estratégicas para el país en asuntos de seguridad y defensa.
Hace más de tres semanas, Yolanda Díaz propuso vetar la entrada del grupo árabe en el consejo de administración de Telefónica, además de rechazar la posibilidad de que STC pueda ejercer o ceder su derecho al voto. A cambio, instó a STC a que se conformara con la obtención de rentabilidad económica de su inversión. «No hay ningún país serio en el mundo que permita que sus sectores estratégicos queden en manos de intereses extranjeros difícilmente compatibles con el interés general», advirtió en una intervención ante el grupo parlamentario de Sumar.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, no se ha pronunciado abiertamente sobre la conveniencia o no para el país de que STC irrumpa en Telefónica por encima del 5%, aunque todo apunta que no mostrará especiales objeciones, según apuntan fuentes del mercado. Hasta la fecha, Feijóo ha criticado a Sánchez su incapacidad para conocer la situación de las grandes compañías del país: «no se entera de lo que pasa en las empresas estratégicas españolas», según ha manifestado en una Entrevista con Antena 3, como también quedó de manifiesto con el anuncio del traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos.
En el supuesto de que el Gobierno decida frenar la ofensiva de STC no necesita crear ningún mecanismo legal sino que le basta con cumplir la salvaguarda legal contemplada desde el pasado verano en el decreto sobre «el Régimen de autorización previa para inversiones exteriores en España en actividades directamente relacionadas con la Defensa Nacional». En ese texto, se pretende preservar la soberanía estratégica del país de forma que la participación extranjera no alcance el 5%, y sin permitir que el inversor foráneo pueda formar parte, directa o indirectamente, del consejo de la compañía española con contratos con el Ministerio de Defensa.
La referida norma protege a empresas españolas con «capacidades industriales y áreas de conocimiento necesarias para proveer los equipos, sistemas y servicios que doten a las Fuerzas Armadas de las capacidades militares necesarias».
Por su parte, la CNMV ya despejó cualquier incertidumbre sobre la legalidad de la operación al asegurar que STC cumplió con todos los requisitos formales, sin apreciar actuaciones o circunstancias que indiquen que la normativa aplicable no se haya cumplido en la notificación reciente de posiciones sobre Telefónica, según informó el organismo oficial. En concreto, la CNMV puso de manifiesto algunos detalles hasta entonces sin conocer, como el hecho de que STC utilizó Green Bridge Investment Company SCS, una sociedad luxemburguesa controlado por el grupo saudí y por el fondo soberano PIF (Public Investment Fund). Esta sociedad adquirió el 4,90% de las acciones de Telefónica y suscribió un acuerdo de compraventa sobre el 5% de las acciones de la compañía, todo ello valorado en 2.400 millones de euros.
Fuente: eE
