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El presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 5 de febrero un paquete de reformas. En particular nos referimos a la denominada «Iniciativa Extinción de Organismos Constitucionales Autónomos OCAs» (reforma administrativa) que pretende la desaparición de organismos y entes reguladores como: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre otros.
La Iniciativa apenas proporciona unas palabras para respaldar la desaparición del regulador de las telecomunicaciones, señalando: “En la práctica el IFT no ha sido efectivo para combatir los monopolios en el sector, pese a su gigantesca estructura orgánica y los elevados salarios de sus comisionados.” Nos queda a deber el análisis.
La apuesta del gobierno del Andrés Manuel López Obrador, es que el recorte presupuestal de la desaparición de los OCAs se utilice para financiar el reparto de pensiones y programas sociales que él impulsa y del cual no se ha dado a conocer el beneficio integral del que goza la población mexicana. Sin embargo, en ese tenor de beneficios sociales, el IFT si cuenta con una larga lista de apoyos que se han trasladado a la población, basta apreciar en la pasada pandemia por COVID19 que los operadores contaron con cobertura suficiente en la prestación de servicios de telecomunicaciones. No fue así ante la falta de programas sociales de apoyo a la población vulnerable en conectividad, incluso, se incremento la deserción de estudiantes por la falta de acceso a clases en línea. Así mismo los ingresos transparentes que se obtienen por la administración del espectro radioeléctrico que además el IFT pugna por un cobro justo del recurso para propiciar la competencia, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la bancada de Morena en el legislativo ha sido sorda y omisa. No hay que olvidar que el TMEC en su capítulo 18 (Telecomunicaciones) firmado y ratificado por el actual gobierno, tiene como objeto ‘impulsar la competencia entre los diversos operadores del mercado a fin de crear las condiciones necesarias para generar certeza jurídica para los agentes económicos’, a través de un regulador autónomo. La lista es larga y la intención es hacer notar el terrible retroceso y daño a la población como consumidores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión que se haría con dicha Iniciativa.
Recientemente el IFT ha publicado un posicionamiento en el cual entre otros, expresa que como órgano autónomo de servicio público abierto y transparente esta sujeto al escrutinio y evaluación públicos. La autonomía constitucional fue indispensable tras largos años de tener mercados con escasa competencia y elevados precios, lo cual generó un perjuicio social de al menos 129 mil millones de dólares, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las personas usuarias de internet en 2010 solo representaban el 34% de la población.
«Las telecomunicaciones y la radiodifusión son consideradas como dos pilares del desarrollo económico y social, así como habilitadores de derechos y libertades fundamentales.«
El IFT señala que de junio de 2013 a diciembre de 2023, los precios de comunicaciones en su conjunto disminuyeron 31.7%, mientras que la inflación fue de 62.2% en ese periodo, así mismo por primera vez en la historia del país se asignaron frecuencias para la provisión de servicios de radiodifusión, a través de procesos de licitación abiertos y transparentes, basados en criterios técnicos, por lo que se conformó una nueva cadena de televisión abierta, y se otorgaron 141 nuevas frecuencias de radio.
El IFT concretamente manifiesta su apertura para participar en parlamentos abiertos o cualquier mecanismo de consulta que le permita enfatizar el avance y resultados públicamente conocidos que ha logrado como órgano constitucional autónomo.
«Seguiremos trabajando en favor de la sociedad mexicana, con el fin de maximizar las oportunidades de que los servicios lleguen a toda la población, ya que contribuyen al bienestar social, garantizando derechos fundamentales como la educación y la salud. Hoy las personas usuarias tienen la oportunidad de escoger entre las mejores opciones de servicios en un ambiente de mayor competencia, elementos indispensables para cualquier democracia y que son pilares tanto en nuestra Hoja de Ruta 2021-2025, como del Programa Anual de Trabajo 2024», señala el posicionamiento.
La desaparición del IFT representaría un duro golpe para la población mexicana, ya que se vería privada de una entidad autónoma que vela por la equidad, transparencia y eficiencia en el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión, dejando un vacío regulatorio que podría conducir a situaciones de abuso y monopolización, en detrimento del acceso justo a la información y comunicación para todos los mexicanos.
*SRC
