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Agencias

Los cambios constitucionales en materia del Poder Judicial de la Federación, así como la iniciativa para desaparecer los órganos autónomos, podrían abrir la puerta a la presentación de controversias y paneles en el marco del acuerdo comercial que México mantiene con Estados Unidos y Canadá, conocido aquí como T-MEC, advirtieron exrenegociadores.

Si bien no existe capítulo alguno dentro del acuerdo comercial que impida modificaciones como los contemplados en la reforma al Poder Judicial –aprobada la víspera por la Cámara de Diputados–, sí existe un compromiso de garantizar certeza jurídica, con jueces y tribunales que actúen de manera imparcial, dijo Keneth Smith Ramos, quien fuera jefe de la Negociación Técnica de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), antecesor del T-MEC.

“Por el hecho de aprobarse la reforma no es en ese momento [cuando] hay una violación, sino más bien, cuando se establezca el nuevo esquema y empiecen a darse decisiones del Poder Judicial, si estas carecen de imparcialidad, transparencia, no cumplen con el Estado de derecho en México o hacen que los actos del Poder Judicial te lleven a que México esté violando el tratado, ahí sí, los socios pueden presentar controversias”, explicó.

En caso de concretarse, añadió, se seguiría el procedimiento contemplado en el mismo acuerdo, el cual establece un periodo de consultas para llegar a una solución “que se antoja difícil porque es un cambio constitucional”. De no lograrse, los socios comerciales de México podrán solicitar un panel arbitral.

Para Juan Carlos Backer, exsubsecretario de Comercio Exterior y quien participó en la renegociación del acuerdo comercial en 2016, la aprobación y entrada en vigor de las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrán repercusión en el T-MEC incluso antes de 2026, año en el que está prevista la revisión del acuerdo.

“Tendríamos que esperar hasta que se lleve a cabo el proceso de deliberación en el Congreso para tener la absoluta seguridad de cómo quedó la reforma”, dijo durante su participación en la Tercera Convención Binacional organizada por American Society of México. “Pero me parece un poco ingenuo pensar que no va a haber ningún tipo de posicionamiento si esto efectivamente sucede como parece indicar”.

La víspera, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen de la reforma, que entre otras cosas propone establecer un proceso de elección por voto popular para los magistrados de Circuito, jueces de Distrito, así como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual también prevé reducir de once a nueve ministros, con un periodo de 12 años.

El dictamen de la reforma judicial fue enviado al Senado para continuar con su proceso legislativo, y la bancada del gobernante partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) prevé iniciar su discusión en comisiones el próximo domingo 8 de septiembre.

Pero la reforma al Poder Judicial no es la única que, a decir de los exrenegociadores del T-MEC ven riesgos, ya que la propuesta para desaparecer algunos órganos autónomos, también suponen violaciones al acuerdo comercial.

En concreto, Smith advirtió que la desaparición de órganos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), podría generar disputas ya que el capítulo del T-MEC relativo a competencia económica se establece que los países socios deberán mantener organismos que cumplan con la ley.

“Quiere decir que no puedes modificar su estructura, o reducir su presupuesto, o cambiar funciones”, ya que ello podría poner en duda su cumplimiento cabal de sus actividades, añadió.

En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en tanto, el acuerdo prevé que sea un órgano independiente del Poder Ejecutivo, por lo que su absorción por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, representaría una violación al acuerdo.

El dictamen, que propone la desaparición de Cofece, IFT, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), fue aprobado en comisiones en la Cámara de Diputados por la legislatura pasada, pero aún no cuenta con fecha para ser discutido en la legislatura que inició el 1 de septiembre.

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