Agencias
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), dos de los organismos autónomos que desaparecerán por una reforma constitucional ya aprobada en el Congreso, parecen haber aceptado su destino y ahora apuntaron a algunos aspectos que debería considerar el Congreso en las leyes secundarias de la reforma para evitar incertidumbre y limitar la aplicación de la regulación a los mercados.
La víspera, el pleno del Senado de la República aprobó la desaparición de siete órganos autónomos, así como la fusión de las funciones de IFT y Cofece en una nueva autoridad que mantenga independencia técnica, con la intención de evitar incurrir en violaciones a los acuerdos firmados por México en el tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC).
No fueron pocos los analistas y participantes de la industria que alertaron sobre el daño que podría generar el gobierno al eliminar estos organismos autónomos, ya que en algunos casos se habían observado mejoras en el funcionamiento de ciertos mercados con reguladores que estaban fuera del ámbito de vigilancia gubernamental.
Para el partido gobernante y sus aliados, esto no fue suficiente al considerar que esos supuestos beneficios palidecían frente al costo que implicaba su operación para el erario.
De ahí que, una vez avalada la reforma que ordena su desaparición y con pocos recursos para detenerla, las autoridades se mostraron inclinadas a ayudar en la construcción de una ley secundaria que permita mantener las bondades que ofrecía la autonomía en materia técnica.
“En el IFT consideramos indispensable llamar la atención sobre algunos aspectos de esta reforma que podrían generar incertidumbre y limitar la adecuada aplicación de la regulación sectorial y de competencia económica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, dijo el órgano autónomo de las telecomunicaciones, en un posicionamiento tras la aprobación en la Cámara Alta de su desaparición.
Entre dichos aspectos se encuentra la necesidad de garantizar decisiones técnicas e imparciales, especialmente en momentos en los que existe concesionarios en el sector con participación pública, como Altán Redes, en la que el gobierno de México posee un interés mayoritario.
Otro de los riesgos a considerar, de acuerdo con el instituto, es la segmentación de facultades regulatorias, lo cual podría generar inconsistencias y la aplicación inadecuada de las políticas derivadas de las decisiones del nuevo regulador. Aunado a ello, también advirtió de la necesidad de contar con personal especializado y con capacidad técnica alta en telecomunicaciones y radiodifusión.
“Conjugar las facultades de regulación sectorial y de competencia económica en un regulador convergente con una visión integral y coherente del funcionamiento de los mercados ha permitido implementar una regulación efectiva y una transformación profunda de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”, agregó el instituto.
Cofece, en tanto, dijo estar en disposición de colaborar con el Congreso de la Unión en la elaboración de la legislación secundaria, la cual debe contemplar las herramientas suficientes para que la nueva autoridad en la materia pueda combatir de manera eficaz prácticas anticompetitivas con procesos sólidos, claros y transparentes.
“Lo anterior será clave para que la política de competencia continúe beneficiando a las familias mexicanas, impulse una economía justa e incluyente, dé certeza a la inversión y genere mayores empleos”, dijo la comisión en un comunicado por separado, más breve y menos detallado que el de IFT.
En ambos casos, los reguladores continuarán su operación de manera normal hasta que se concrete su extinción.
Los posicionamientos de ambos órganos fueron publicados poco después de que el pleno del Senado aprobó, con mayoría calificada del gobernante partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados políticos, su desaparición junto con la de otros cinco organismos. El proyecto de decreto fue turnado a las legislaturas locales para que continúe su proceso legislativo.
La reforma, presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada en lo general por 86 votos a favor de los legisladores de Morena, y los partidos Del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM); y con 42 votos en contra de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). En lo particular la votación fue de 86 votos a favor y 40 en contra en los términos del dictamen.
Además de Cofece e IFT, la reforma extingue al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH), cuyas labores serán asumidas por nuevas oficinas que dependan de las secretarías de Estado.
“Esta reforma busca transferir las funciones de los órganos autónomos y reguladores a la Administración Pública Federal con la intención de que haya mayor eficiencia, espacios más eficaces, transparencia y rendición de cuentas”, dijo Miguel Jarero, un senador de Morena, en la sesión del pleno. “Los derechos de los trabajadores que laboran en dichas instituciones están a salvo”.
Las labores de Mejoredu serán asumidas por la Secretaría de Educación Pública, las de Coneval por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en tanto que las del Inai serán incorporadas a la Secretaría de la Función Pública, en el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, en los órganos de control de los organismos autónomos y de las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.
Así mismo, las tareas de la CNH y de la CRE pasarán a manos de la Secretaría de Energía, las de Cofece irán a la Secretaría de Economía y las del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Fuente: Axis
